Las comunidades pierden autonomía

A pesar de los perjuicios que causará la aplicación del 'dogma del déficit cero', las seis comunidades socialistas (Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón , Asturias, Baleares y Extremadura) presentarán sus cuentas para 2003 con equilibrio presupuestario. Pero los consejeros de Economía rechazan la discriminación que supone el déficit cero para las comunidades, obligadas a reducir la inversión pública, mientras que el Gobierno central podrá seguir invirtiendo y llegar a un déficit del 0,5%. En definitiva, el déficit cero se traduce en una pérdida de autonomía.

Las opiniones de los consejeros de Economía de las comunidades socialistas son contundentes. Jaime Rabanal, consejero de Hacienda, de Asturias, rechaza la posición del Gobierno central 'porque no tiene en cuenta la posición de partida de cada comunidad. Nosotros', precisa 'tenemos un déficit estructural que requiere importantes inversiones públicas, y con esta medida nos condenan a perder el tren del futuro'. Recuerda que su comunidad no podrá acometer determinadas inversiones públicas a pesar de contar con uno de niveles de endeudamiento más bajos, 4,3% del PIB, frente al 6,4% de media de las comunidades.

El consejero asturiano critica la política del Gobierno central, 'que compensa su déficit del 0,5% del PIB con el superávit en la Seguridad Social, pero exige déficit cero a las autonomías. Nosotros', añade, 'habíamos pedido una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para distribuir el superávit de la Seguridad Social entre el Gobierno central, 0,3%; autonomías, 0,2%, y administraciones locales, 0,1%, y se rechazó'.

Joan Mesquida, consejero de Hacienda de Baleares, advierte de los 'riesgos de sacralizar el déficit cero' porque supondrá un importante recorte de la inversión pública en toda España, en un momento de clara desaceleración económica. En 2002, la inversión pública de las autonomías (21.000 millones de euros) fue superior a la prevista por el Estado (16.029 millones).

Magdalena Álvarez, consejera de Economía de Andalucía, asegura que su Gobierno 'no mantendrá una actitud insumisa respecto al déficit cero' , pero reprochó al Gobierno que incumplía la ley al no convocar al CPFF para acordar el tema.

También asegura que cumplirá la ley María Luisa Araujo, consejera de Castilla-La Mancha, pero subraya la contradicción que supone que su comunidad, con la menor deuda por habitante, no pueda acometer ciertas inversiones en el momento en que recibe las competencias de Sanidad y Enseñanza.

Eduardo Bandrés, consejero de Economía de Aragón, advierte de que el verdadero peligro del equilibrio presupuestario es que 'puede forzar a las autonomías a liquidar sus presupuestos con déficit, ya que la participación en ingresos del Estado real será inferior a la prevista por el Gobierno central'. Esto es peor porque dañará la credibilidad', añade.

Felipe Jover, responsable de financiación autonómica de Extremadura, califica de 'aberración el dogma de déficit cero, porque es una medida que ya han abandonado los países europeos para compensar el menor crecimiento'.

En Cataluña, el Gobierno de CiU cierra filas con el PP. Francesc Homs, consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, asegura que su Gobierno ya viene cumpliendo el déficit cero en 2001 y 2002, y que también lo hará en 2003, pero precisa que esto 'no implica que no tengamos tensiones financieras'. Homs se muestra 'totalmente de acuerdo con la política de déficit cero del Gobierno central'. En su opinión, se trata de planificar el endeudamiento para inversión a través de las empresas públicas y con un plazo de 20 o 30 años. Una práctica que, según Martí Carnicer, diputado socialista en el Parlament Catalán, ha elevado el endeudamiento de las empresas públicas catalanas hasta los 600.000 millones de pesetas.