Una frontera todavía permeable al terrorismo

Noventa y cinco etarras se encuentran detenidos en cárceles francesas, 31 de ellos condenados en firme, lo cual implica que la organización terrorista ya tiene aproximadamente a uno de cada cinco presos al norte de los Pirineos. La novedad no es que la muerte llegue desde Francia, como sostienen con frecuencia las autoridades españolas, sino la rapidez con que se producen los relevos de los jefes etarras a medida que son arrestados, sin que esto detenga la ola de atentados. En todo caso, nadie puede negar la tenacidad con la que la policía francesa les persigue, buena prueba de una cooperación que fue importante con el Gobierno de Lionel Jospin y continúa siéndolo con el actual Ejecutivo conservador.

Stoller: 'Los 'comandos' de ETA siempre han pasado la frontera, pero no es lo mismo hacerlo a través de senderos que ir y venir tranquilamente como lo hacen ahora'

Por el contrario, no cabe esperar que París mande registrar las sedes de Batasuna, ni que practique redadas masivas; al menos, mientras sus militantes no se vuelquen sobre el País Vasco francés y eso se traduzca en violencia. El problema grave para el Gobierno de París es que la presión española facilitará el paso de militantes deseosos de buscar refugio en su territorio, no para pedir 'asilo político' -un concepto sin sentido entre ciudadanos de los países regidos por el Tratado de Schengen-, sino con la intención de proseguir unas actividades que siguen siendo legales en Francia.

El ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, visitó Madrid a principios de agosto y fue informado de las intenciones españolas respecto a la ilegalización de Batasuna. Sin embargo, y tras la orden de cierre de las sedes del partido, dictada por el juez Garzón, el Gabinete de Sarkozy desmintió haber recibido demanda española alguna para hacer lo propio en territorio francés.

La frialdad de Perben

El ministro de Justicia, Dominique Perben, ha enfriado aún más el entusiasmo con el que se había anunciado una comisión rogatoria del juez Garzón. 'Es preciso que el proceso español esté terminado', comentó Perben a la salida de un reciente Consejo de Ministros, pero fue más lejos: 'Yo no estoy seguro de que sea la fórmula adecuada', contestó a una pregunta sobre la demanda judicial para prohibir las actividades de Batasuna en Francia. Al cierre de esta información, el jueves pasado, la comisión rogatoria del juez Garzón continuaba sin llegar a París.

La presión política y judicial contra Batasuna en España se suma a la insistencia del Gobierno de Aznar sobre sus colegas franceses para que aumenten los medios dedicados a la lucha antiterrorista. Y no sólo los policiales. Por ejemplo, las autoridades españolas consideran incomprensible que la juez antiterrorista Laurence Le Vert cuente sólo con una secretaria, mientras cada juzgado de la Audiencia Nacional española dispone de decenas de funcionarios. Pero fuentes judiciales y políticas de Francia rechazan con la máxima energía la hipótesis de que no acaban con ETA porque no ponen suficiente voluntad: 'En Francia existen terroristas corsos a los que el Estado querría echar el guante, empezando por Yvan Colonna [el asesino del prefecto Claude Erignac], y ya han transcurrido cinco años sin que haya sido posible conseguirlo', alega una de esas personas, como demostración de que a veces resulta imposible detener incluso a quien proporcionaría muchos más votos y aplausos de los que suscita en Francia la detención de etarras.

'El problema es la permeabilidad de la frontera', explica la ex jefa de la fiscalía antiterrorista Irène Stoller, quien se ampara en su jubilación para lanzar debates a los que no se atreven otros colegas en activo. 'Se pueden mejorar los equipos policiales conjuntos todo lo que se quiera, pero nada puede sustituir al control que llevaba la Policía del Aire y de las Fronteras (PAF), que anotaba las matrículas de cada vehículo que pasaba y mantenía un filtro permanente del tráfico de personas y mercancías'.

Stoller -13 años en la lucha contra ETA, 30 sumarios en sus manos- lamenta la constante acusación española de que los coches bomba vienen de Francia. A su juicio, 'levantar los controles fronterizos ha permitido a los comandos moverse como quieren'. ¿Acaso no había atentados en España cuando existían tales controles? 'Los comandos de ETA siempre han pasado la frontera', reconoce Stoller, 'pero no es lo mismo hacerlo a través de senderos escondidos o arriesgándose clandestinamente en camiones y trenes que ir y venir tranquilamente como lo hacen ahora'.

Y si la muerte viene de Francia también es porque hay franceses seducidos por ETA, a pesar de la sangre vertida. Al menos una docena de los detenidos actuales son de esta nacionalidad, aunque su capacidad mortífera no haya alcanzado la del 'comando francés' dirigido por Henri Parot, que fue desarticulado en España tras haber matado a 38 personas. Los actuales etarras franceses parecen dedicados más bien a tareas de infraestructura y apoyo: como Stéphane Robidart, arrestado junto a Txapote, o Laurentxa Beyrie, detenida junto a un grupo dedicado, según la policía, a la formación de terroristas.

La disolución de partidos

La prioridad absoluta de las autoridades francesas es impedir la importación del independentismo vasco en el territorio bajo su soberanía. Si esto ocurriera, sería casus belli. Ni el Parlamento ni el poder judicial pueden intervenir en la creación ni en la disolución de partidos políticos en Francia, que es competencia exclusiva del poder ejecutivo, pero el Gobierno de Jean-Pierre Raffarin ya ha demostrado que, llegado el caso, la ejerce: llevaba tres meses cuando declaró ilegal a Unidad Radical, el grupo de extrema derecha al que perteneció el autor del atentado frustrado contra Jacques Chirac.

Además, el nuevo Gobierno de París se encuentra en plena revisión de su postura frente a los antiguos miembros de las Brigadas Rojas italianas, 'refugiados' en Francia con anterioridad al Tratado de Schengen, al amparo de una promesa hecha en 1985 por el entonces presidente, François Mitterrand. El grupo en cuestión, que comprende un centenar de personas, se ha visto sorprendido por la entrega a Italia de uno de ellos, Paolo Persichetti, con 22 años de cárcel pendientes por el asesinato de un general. Los afectados han denunciado a Chirac la 'traición anunciada (...) moralmente injustificable', de la que se consideran víctimas.

La revisión de estos casos y la disolución del partido Unidad Radical anuncian una actitud mucho más dura por parte del Gobierno de Raffarin. En realidad es una vuelta a la actitud observada por Chirac cuando fue primer ministro, entre 1986 y 1988, el periodo en el que se decretó la disolución de Iparretarrak por 'atentar a la integridad del territorio nacional, sustrayendo todo o parte del departamento de Pirineos Atlánticos a la soberanía francesa', además de 'provocar actos de terrorismo en Francia o en el extranjero'.

El argumento del ataque a la integridad territorial también fue invocado en otros decretos de la misma época que disolvieron distintos grupos corsos. Con estos antecedentes en la mano, no habrá oportunidad en Francia para un grupo político que reivindique o defienda la amputación del territorio bajo su soberanía.

A corto plazo, todo dependerá de cómo actúe Batasuna. El próximo fin de semana, sin ir más lejos, este partido tiene anunciada una manifestación en Bayona bajo el lema Euskaldunak ilegalak (Vascos ilegales). Democracia para el País Vasco, precedida de un manifiesto en el que se afirma que prohibir Batasuna es 'una violación de los derechos universales, como el de reunirse, expresarse o manifestarse'.