Más modernización

Si me dejara llevar por el ímpetu de la actualidad, por la vorágine de lo cotidiano, tendría que volver a escribir sobre la II Modernización (sólo teclear dicha expresión me produce una mezcla de risa floja, de rabia y de desesperanza). Y me niego. Me niego a hacerle el juego a quienes nos toman por tontos, pretendiendo que demos por cerrada la 'I Modernización' (¿qué fue de ella? ¿dónde está la rendición de cuentas de lo que entonces prometieron?, porque, qué menos que cerrar la primera fase de algo para poder empezar la segunda, digo yo). Y sobre todo me niego a hablar de lo que algunos quieran, precisamente para que no hablemos de lo que de verdad nos interesa, que coincide con lo que algunos no quieren que hablemos.

Y si quieren que hablemos de modernizar, vamos a hablar, por ejemplo, de modernizar el sistema de ayudas públicas y subsidios. Ya lo dijo el martes Jordi Pujol: un sistema de ayudas que sigue existiendo a los veinte años de su creación es que ha fracasado y hay que replanteárselo. Y, dicho sea de paso, no le falta su mijita de razón, lo que pasa es que eso lo dice José María Aznar o Javier Arenas y desde la Junta los anatemizan, y sin embargo lo dice Pujol, y nadie ha dicho todavía esta boca es mía. Por cierto, que se lo ha dicho a Chaves en su casa (Canal Sur), en la visita a la que Chaves ha invitado a Pujol, que también tiene narices. ¡Ya me gustaría a mí que mi presidente fuera a Cataluña a decirle a Pujol que ya está bien de discriminar a los andaluces porque no hayan nacido en Cataluña o porque no sepan hablar catalán! Pero eso es mucho esperar de Chaves...

O también podemos hablar de modernizar nuestro comportamiento político, respetando de una vez las exigencias de la ética. Porque, por ejemplo, todavía no he visto ni oído a nadie pedir perdón al alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, por lo que dijeron para hacerle daño cuando la falsa denuncia en el asunto de Isla Chica. Los dirigentes del PSOE de Huelva, que tanto se ufanaron de haber llevado a Pedro Rodríguez a los Juzgados, deberían ahora pedir perdón por haber actuado con tanta, por decirlo de forma suave, falta de escrúpulos.

Pero hay silencios que resultan más dolorosos que otros. Es especialmente lamentable que quien desde la atalaya de una supuesta intelectualidad, y desde el parapeto de un presumible (y discutible, en vista de cómo lo aplica) conocimiento constitucional, atacó con auténtica saña al alcalde de Huelva. Y me estoy refiriendo a Javier Pérez Royo, que haciendo un uso que a mí me parece ilegítimo de su 'condición' de catedrático universitario, y nada menos que en Derecho Constitucional, se olvidó de sus supuestos conocimientos científicos y escribió un artículo titulado Dimisión inexcusable, dando a entender que el derecho de Pedro Rodríguez a la presunción de inocencia se resentía por su negativa a hablar del asunto; o sea, que si Pedro Rodríguez no se autoinculpaba, tendríamos que presumir que era... inocente, pero menos. Que eso lo diga yo, que sigo siendo un humilde aprendiz de abogado, malo; pero que lo diga Pérez Royo, que firma como catedrático de Derecho Constitucional, son ganas de usar torticeramente una posición que antaño fue prestigiosa.

Pues lo dijo, y se quedó tan pancho; poco menos que tachó al alcalde de delincuente, auguró su procesamiento por el TSJA (¡vaya futuro como pitoniso!) y luego... ni siquiera una disculpa cuando se ha venido abajo toda la patraña, cuando ha quedado al descubierto que era uno de los actores principales de una campaña orquestada de desprestigio contra el alcalde de Huelva.

Por cierto, que no es sólo el derecho al honor de Pedro Rodríguez, de Francisco Moro, de Enrique Pérez Vigueras o de Michael Dumois el que se ha visto vituperado, vilipendiado y pisoteado, aunque a mí me parezca muy perniciosa la teoría que poco a poco se ha ido formando en los tribunales de que los personajes públicos (los políticos) llevan en el sueldo que de ellos pueda decirse cualquier calumnia, cualquier injuria, y que el calumniador o el injuriador quede sin castigo (doctrina que, por cierto, se ha ido consolidando gracias a la impune verborrea de ilustres socialistas como Alfonso Guerra, Gaspar Zarrías o Pepe Caballos). También se ha visto mancillado, de un modo indirecto, el derecho al honor de las familias de esos políticos: ¿quién presta satisfacción ahora a las mujeres e hijos de Pedro, de Curro o de Enrique por lo que han tenido que padecer viendo a sus maridos calumniados e injuriados? ¿quién les compensa los malos ratos que habrán sufrido durante este año largo que ha durado la campaña de acoso y derribo?

Eso sí que merece una reflexión profunda; eso sí que justifica una revisión, desde la raíz, de la forma de hacer política que tenemos en Andalucía. Eso sí que sería una auténtica, una verdadera Modernización de Andalucía, si de una vez para siempre desterráramos de nuestros políticos (y de sus resentidos esbirros mediáticos, aunque se vistan de catedráticos) la mentira, la patraña y la media verdad como instrumentos políticos.