El desvío ilegal de fondos en la campaña mexicana de 2000 divide al PRI

La investigación sobre el supuesto desvío ilegal de 123 millones de dólares de Petróleos Mexicanos (PEMEX) hacia la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en las generales del año 2000, causa tensiones entre los poderes del partido y puede salpicar a varios notables. 'Se busca destruir al PRI', denunció el ex candidato presidencial Francisco Labastida, dispuesto a comparecer ante la justicia. El Partido de la Revolución Democrática (PRD), izquierda, pidió que también se indague al ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000).

La causa de la Fiscalía General contra la dirección sindical de PEMEX, afecta al PRI y a varios políticos, retrasa la discusión parlamentaria sobre las reformas estructurales de la transición, y también la renovación de un partido que fue hegemónico durante siete decenios. El PRI pasó a la oposición hace dos años y cuenta con el mayor número de diputados y senadores. Su nuevo presidente, Roberto Madrazo, se proclamó dispuesto a conciliar la reforma del Estado con el Gobierno, pero batalla con los gobernadores y legisladores partidarios de una oposición más radical. El PRI controla 17 de las 31 gobernaciones estatales de México y sus titulares son ya 'factores reales de poder', según el analista Jorge Buendía.

Supuestamente, Francisco Labastida fue el principal beneficiario de los fondos bajo investigación, cuyo esclarecimiento desató un enfrentamiento político que amenaza con envenenar las legislativas del año próximo. Siempre con la corrupción como telón de fondo, la oposición reclama la misma vara de medir en las averiguaciones de los fondos recibidos por el candidato Vicente Fox y la agrupación Amigos de Fox, en la victoriosa campaña de 2000. Según los cargos, ingresaron cerca de 200.000 euros que eran ilegales al proceder del extranjero, prohibido por la Constitución.

El ex candidato priísta denunció una campaña de 'revanchismo político', desde esferas gubernamentales. La justicia reclama el desafuero de dos diputados del partido, el secretario general y el tesorero del sindicato, y dictó orden de detención contra cuatro colaboradores de la campaña de Labastida.