Consumo investiga posibles abusos en las facturas de teléfono

El Gobierno catalán ha colocado en el punto de mira a las empresas de telecomunicaciones. La Dirección General de Consumo ha abierto una investigación sin precedentes que abarca a todos los operadores del sector activos en Cataluña, según han confirmado fuentes de la Generalitat. El rastreo pretende detectar 'posibles irregularidades' y 'prácticas abusivas', objeto de sanción, en los contratos y la facturación a los usuarios.

'Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación. No nos asusta castigar a quien se demuestre que hace trampa', señalaron con contundencia fuentes de la Administración catalana. Las mismas fuentes evitaron desvelar el nombre de las empresas que han levantado mayores sospechas en la Dirección General de Consumo a raíz del incremento en el número de denuncias que realizan los usuarios. Sí subrayaron que el peinado incluye, entre otras cuestiones, la letra pequeña de los contratos y la manera en que las empresas facturan a los usuarios.

La operación no apunta contra ninguna empresa en particular, sino que se hace extensiva a la totalidad de los operadores, ya ofrezcan servicios de telefonía móvil o fija.

Rastreo en solitario

La sigilosa investigación en cuestión se abrió después del pasado verano y, en principio, las conclusiones a las que llegue Consumo no estarán listas hasta mediados del próximo mes de noviembre. Estas conclusiones son extrapolables a las prácticas de los operadores en toda España, pero la Generalitat está llevando a cabo sus tareas en solitario.

Oficialmente el Departamento de Industria, Comercio y Turismo explica que, cada vez que surge un nuevo sector de actividad o una nueva modalidad particular de contrato, los técnicos de Consumo ponen en marcha una investigación 'de oficio'.

En el caso particular de las telecomunicaciones, este departamento, dirigido por Antoni Subirà, ha esperado para actuar casi cuatro años, el lapso de tiempo transcurrido desde que sonó el pistoletazo de salida al fin del monopolio de Telefónica. Antes de investigar, quiso esperar a que el sector madurara y a que la competencia no fuera tan incipiente.

Otras fuentes consultadas subrayan la 'profunda preocupación' instalada en el Gobierno catalán por el auge de las quejas, reclamaciones y denuncias relacionadas con la factura del teléfono, 'aunque obviamente no todas ellas tienen por qué tener fundamento'. La inquietud radica en el hecho de que el sector de las telecomunicaciones es 'estratégico' y 'afecta a toda la población'.

Las estadísticas refuerzan esta actitud. Consumo recibe cerca de 50.000 llamadas. De los quejosos mensajes de protesta, casi 5.000 derivan en reclamaciones que acaban entrando en la junta arbitral de consumo, donde las empresas adheridas pueden intentar desactivar un problema antes de que éste termine en manos de la justicia ordinaria.

Las reclamaciones relacionadas con los servicios de telefonía ya se colocaron en primer lugar, con el 18%, en 2000. El año pasado, acapararon el 19,8% del total, el doble que las de otra naturaleza (vivienda, seguros, entidades financieras y compañías de suministro de servicios).