Francia se dispone a reformar la Constitución para dar poder a las regiones por primera vez en su historia

Siete artículos de la Constitución francesa habrán de ser modificados en caso de que prospere un proyecto de 'descentralización' de la República, que ha sido promovido por el actual Gobierno conservador. La propuesta parece osada porque es la primera vez que se abre esta brecha en un país inspirado por la tradición jacobina. La existencia de las regiones es un hecho desde 1972, pero nunca habían visto reconocida su personalidad en el texto constitucional.

El Estado conservará las riendas de la evolución institucional. Según la versión actual del proyecto de ley, se reconoce como 'colectividades' a las regiones, los departamentos (en cierto modo equiparables a las provincias), los municipios y los territorios de ultramar. Se prevé la transferencia de competencias, con su correspondiente dotación económica y la capacidad de fijar el tipo de determinados impuestos. Se autoriza a una colectividad para disponer de un 'estatuto particular', siempre que se haga por ley; y se admite la consulta en referéndum a los ciudadanos de un territorio concreto, siempre y cuando lo decida el presidente de la República.

El texto no precisa si el referéndum -por ejemplo sobre la autonomía de Córcega- sería vinculante para el Estado. Aunque los autores del proyecto no lo expresan, es evidente que las reivindicaciones de los nacionalistas corsos no son ajenas a este proyecto político, que podría ofrecerles un estatuto en el marco de la 'descentralización' general fijada con rango constitucional. La República seguirá siendo 'indivisible', pero las colectividades tendrán un 'derecho a la experimentación' que podría ser todo y nada, según como se aplique.

Pese a tan enormes precauciones, el diario Le Monde saludaba ayer el proyecto del Gobierno como 'una revolución institucional de gran amplitud'. La acogida de la opinión pública es decisiva para la suerte de esta iniciativa, que ha sido impulsada principalmente por el primer ministro, Jean-Pierre Raffarin, muy consciente de la debilidad de las regiones francesas porque él mismo presidía la de Poitou-Charente (Tours, Poitiers) cuando Jacques Chirac le nombró jefe de Gobierno.

Una de las principales virtualidades del proyecto es la de dar medios a las regiones para actuar en el seno de Europa, fortaleciéndolas frente a los potentes Estados alemanes o las comunidades autónomas españolas. El entramado regional de Francia es muy débil y sólo hay tres que superen un presupuesto de 800 millones de euros (la región de París, la de Ródano-Alpes y la de Provenza-Alpes-Costa Azul).