Los centros valencianos para mujeres maltratadas avisan a la policía de cada extranjera sin papeles que acogen

La Generalitat valenciana obliga a las casas de acogida de mujeres maltratadas o desprotegidas a comunicar los datos de las inmigrantes sin papeles a la Delegación del Gobierno amparándose en la colaboración entre administraciones, según denunció ayer SOS Racisme. De enero a agosto, se ha informado de la situación irregular de 94 mujeres, confirmó la Consejería de Bienestar Social. Sobre cuatro de ellas pesan órdenes de expulsión.

La Consejería de Bienestar Social entiende que la ley de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo la obliga a proceder de esta forma. El artículo 3 del texto legal apunta que las administraciones públicas 'en sus relaciones se rigen por el principio de cooperación y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos' y el 4 solicita 'facilitar a las otras administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus competencias'. De esta forma, al rellenar la ficha de entrada, el personal de los centros, sean de titularidad pública o concertados, pregunta a las inmigrantes sobre su situación administrativa, según el abogado de dos de las mujeres a las que se les ha dictado una orden de expulsión, y esta información se traslada a la Delegación del Gobierno y, por ello, a la policía.

La directora general valenciana de la Mujer, Clara Abellán, apuntó ayer que esta medida no busca la expulsión de las mujeres que acuden a los centros después de haber sufrido malos tratos por parte de sus parejas o por encontrarse en situaciones de desprotección, generalmente económicas, sino permitir la tramitación de su regularización o la elaboración de estadísticas para la fijar cupos. 'Cumplimos con la ley y con nuestro deber, que es informar a la Administración competente en materia de extranjería', explicó. Sin embargo, la Consejería de Sanidad expide una tarjeta que cubre la atención de los irregulares y, pese a conocer su situación administrativa, no la comunica a la Delegación del Gobierno, como señalaron desde este departamento.

Entre enero y agosto, de las 154 mujeres extranjeras acogidas en la Comunidad Valenciana, 94 no tenían papeles. Según Bienestar Social, después de transmitir estos datos a la Delegación del Gobierno, sólo a seis se les remitió un escrito para acudir a la oficina de extranjería. De ellas, a cuatro se les ha dictado una orden de expulsión, aunque, apuntan, no se ha hecho efectiva. Otra resolvió su situación legal y la sexta inmigrante tenía una orden de expulsión previa dictada en Andalucía. Quizás la falta de expulsiones radique en que la situación de estas mujeres 'no es una prioridad' para la Delegación del Gobierno, como reconocía ayer una fuente oficial del departamento que dirige Juan Cotino, el anterior director general de la Policía. 'Éste [en relación a las sin papeles de los centros de acogida] no es el problema que nos preocupa, sino el relacionado con la inseguridad ciudadana', apuntaron estas fuentes.

SOS Racisme denunció ayer a la directora general de la Mujer ante la Agencia de Protección de Datos. El abogado de esta organización, Francisco Solans, explicó que la Ley de protección de datos califica de infracción muy grave 'la recogida de datos de forma engañosa y fraudulenta', lo que Solans entiende que ha sucedido, ya que la información se extrajo de entrevistas personales. También cree que existe una infracción grave por la 'vulneración del deber de guardar secreto sobre los datos personales incorporados a ficheros relativos a la comisión de infracciones administrativas', como, apunta, es el caso.