El Partido Popular denuncia ante el fiscal supuestas contrataciones irregulares en la Diputación de Córdoba

El grupo de diputados provinciales del PP de Córdoba denunció ayer en la Fiscalía cinco casos de supuestas contrataciones irregulares de personal en la Diputación cordobesa durante este mandato. Los populares piden al fiscal que investigue los hechos denunciados e inste al juzgado a que abra diligencias previas para aclarar la denuncia presentada.

De los cinco casos, tres afectan a Izquierda Unida (que gobierna en coalición con el PSOE en la Diputación) por la contratación de Enrique Centella, Dulcenombre Rodríguez y José Manuel Mariscal como secretarios de los delegados de Cultura y Medio Ambiente desde el 16 de octubre de 1999 al 15 de octubre de 2000; otro, al dirigente de Juventudes Socialistas de Hinojosa del Duque (Córdoba), Gregrorio Barbancho Peñas, contratado como periodista desde el 17 de octubre de 2000. El quinto caso afecta al presidente del Consejo Provincial de Participación Ciudadana, José Antonio Rodríguez Borrego, dado de alta desde el 15 de mayo al 31 de diciembre de 2001 como coordinador de instalaciones deportivas en la Delegación de Juventud y Deportes.

La portavoz el PP en esa institución, María Jesús Botella, comentó que éste es el único camino que le ha quedado a su formación para intentar investigar las contrataciones que se han llevado a cabo en la Diputación de Córdoba, después de que el pleno rechazara una proposición del PP para crear una comisión que investigara altas producidas en la nómina provincial. Esta decisión de remitir la denuncia a la Fiscalía está amparada por la dirección del PP andaluz, según el secretario regional de esta formación, Antonio Sanz. La denuncia se presenta también tras unas declaraciones efectuadas por el delegado de Personal de la Diputación cordobesa, José Antonio Albañir, que reconoció la existencia de irregularidades en algunas contrataciones.

El PP trató de crear la comisión de investigación después de que Matías González dimitiera en agosto pasado como presidente de la Diputación de Córdoba después de conocerse la contratación de una joven con la que se le atribuyó una relación personal y sentimental. El pasado lunes, González declaró ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba, Ana María Relaño, como imputado en un supuesto delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) por la contratación de su amiga, María Ángeles Budía.

En su declaración judicial, González dijo que él se limitó a mostrar a su jefe de gabinete, Juan Díaz, su interés por contratar a Budía y que fue la mesa de contratación de la Diputación la que dio el visto bueno a la misma. La dirección provincial del PSOE debatía ayer, junto a los diputados provinciales socialistas, la posibilidad de que la Diputación se persone en las diligencias del caso de Matías González.