La disfunción estadística pública

Siendo el sector de la información un sector estratégico para el progreso de cualquier sociedad, es sorprendente el poco espacio que ocupa en la discusión y el examen de su funcionamiento, si no es de forma tangencial, para denunciar errores u omisiones, o algo peor, como es su falseamiento. Este es el caso de la información contable cuya fiabilidad, con los vientos de recesión económica y de codicia en el nivel directivo de algunas grandes empresas, ha alcanzado, parafraseando a Groucho Marx, las más altas cumbres de la miseria. Sin embargo, no suelen verse con frecuencia valoraciones sobre el funcionamiento de sistemas de información menos llamativos pero no por ello menos esenciales para el buen funcionamiento y el progreso de los sistemas económicos y sociales como es, por ejemplo, la estadística pública, con la perspectiva que ofrecen más de diez años desde la entrada en vigor de la ley de la función estadística pública del Estado y posteriormente de la mayoría de las comunidades autónomas, tiempo en el que se ha consolidado la estructura estatal de la función estadística pública.

Para empezar, hay que decir que los contenidos de información que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) no están a la altura de los retos que la innovación tecnológica y la globalización exigen a la estadística oficial. La influencia de la economía digital en la aparición de nuevos productos y servicios, en los cambios cualitativos de los sistemas de producción, las continuas transformaciones en la organización empresarial, en los mercados financieros y de trabajo, la progresiva importancia de la producción inmaterial en las empresas, etc., son cuestiones añadidas al ya tradicional retraso con que ha ido obteniéndose información del sector servicios, que representa más del 60% de nuestra actividad económica y el cual todavía fundamenta su conocimiento en bases poco sólidas y en todo caso insuficientes.

Por otra parte, si repasamos la información estadística que proporcionan órganos estadísticos de las diferentes comunidades autónomas se comprueba que, a excepción del País Vasco, que produce la mayoría de sus estadísticas, más del 90% de los contenidos corresponden a estadísticas generadas por el INE. No hay más que pasearse por los correspondientes portales en Internet para comprobarlo. El valor añadido de esta información en el ámbito regional suele coincidir, aunque no siempre, con un mayor nivel de detalle del que proporciona el propio instituto nacional. Sin embargo, generalmente no se ajusta a las necesidades exigibles por las comunidades autónomas para informar sus políticas económicas y sociales, entre otras razones, por las limitaciones de desagregación temática y territorial y por la uniformidad que imponen las investigaciones del INE en el conjunto del territorio, frente a la diversidad social y la especialización productiva de las diferentes comunidades autónomas. Existen diversos ejemplos que se podrían traer a colación pero que por razones de espacio dejaremos para mejor ocasión.

Este escenario está muy lejos de ser óptimo. Por un lado, los contenidos del instituto nacional no alcanzan el nivel de desarrollo que sería deseable en una sociedad cada vez más compleja y en continuo cambio, y por otro, los institutos regionales no tienen cubiertas adecuadamente sus necesidades de información con el nivel de producción estadística actual, sin tener en la práctica mucho margen de maniobra para completarlos, a riesgo de provocar duplicidades poco justificables económica y socialmente.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? Es cierto que la Constitución Española no divide la competencia en materia estadística entre Estado y comunidades autónomas, dando juego a ambas esferas para regular y ejecutar las estadísticas que sean de su respectivo interés. Por otra parte, la ley de la función estadística pública nacional reconoce que esta concepción no delimita, reduciendo o ampliando, la competencia de las comunidades autónomas para realizar estadísticas. Sin embargo, en la práctica, la actividad estadística del Estado sí que reduce la competencia de las comunidades autónomas por la razón de que hay que evitar duplicidades, ahorrar recursos y no aumentar la carga de las principales unidades informantes (empresas y familias) y el INE se encuentra en una posición de ventaja para dar respuesta a esas demandas que son comunes en los dos ámbitos territoriales, puesto que tiene competencia para obtener información estadística homogénea en todo el territorio nacional. Lo cierto es que el INE ha querido mantener la producción estadística a toda costa y no se han incorporado mecanismos de coordinación suficientemente efectivos para llegar a integrar los contenidos en un sistema estadístico público que aglutine y compatibilice adecuadamente los intereses de todas las administraciones territoriales. Por otra parte, las comunidades autónomas no han tenido la suficiente cohesión ni fuerza para hacer valer sus objetivos de información estadística en el instituto nacional.

El hecho de que la Constitución no imponga una cooperación entre la Administración central y las administraciones autonómicas en materia estadística no es óbice para que, en aras a una mejor utilización de los recursos públicos y a un mejor cumplimiento de sus respectivos intereses, esta cooperación no se haga efectiva. Existen las bases a partir de la estructura de institutos regionales para llevar a cabo un procedimiento de producción descentralizada de las actuales estadísticas, donde los institutos regionales vean recogidas adecuadamente sus demandas de información con los matices que imponen sus diferentes estructuras económicas y sociales, lo cual permitiría liberalizar recursos al órgano nacional para, por ejemplo, dedicar más atención a las labores investigación y puesta en marcha de nuevos proyectos que la sociedad está demandando en el campo de la información estadística.

No es necesario fundamentar la conveniencia de otra arquitectura política en el reparto de las competencias, en este caso estadísticas. Atendiendo únicamente a criterios de oportunidad y de eficiencia económica se impone la descentralización como en cualquier otra producción de servicios. Además, la presente concentración de la producción estadística ha provocado la relegación de los diferentes órganos autonómicos a un papel de meros difusores de la información del órgano nacional. Sería absurdo que el INE se dedicara a difundir las estadísticas de Eurostat, que es el órgano estadístico de la Unión Europea. Pues bien, esto es lo que ocurre en el siguiente nivel territorial y es igual de absurdo.

Juan Usach es estadístico.