Un acusado del crimen de Urbasa señala como móvil un frustrado golpe en Guinea

La Audiencia de Pamplona inició ayer el juicio contra tres de los presuntos autores del crimen del industrial guipuzcoano Juan José Urrutia, asesinado de un tiro en la nuca el 17 de abril de 1995 en una pista forestal de la sierra de Urbasa. La hipotética conexión de los procesados con un confuso intento de golpe de estado en Guinea constituye uno de los puntos más oscuros del suceso.

Alfonso Mendoza, el confidente policial acusado de ser el autor material del disparo, negó ayer su imputación en los hechos. Su línea de defensa consistió en sugerir, a través de su letrado, que los otros dos procesados, el ex ertzaina José Ignacio Gómez de Segura y el ex policía nacional Manuel Hernández Berrocal, le involucran en el asesinato para tapar un crimen cuyo móvil estaría vinculado con la desaparición de parte de los fondos que políticos guineanos de la oposición les suministraron a través de la Casa de Guinea donostiarra para preparar un frustrado golpe de Estado en ese país.

El abogado de Alfonso Mendoza sorprendió a la sala al anunciar que pedirá la comparecencia como testigo del ex ministro del Interior de Guinea Ecuatorial Juan Bautista Bikono -actualmente está encarcelado en Logroño por tráfico de drogas- para que relate ante la sala cómo los otros dos procesados malgastaron parte del dinero que la oposición africana les suministró (400 millones de pesetas, según el letrado) para que consiguieran armas y mercenarios dispuestos a derrocar al régimen de Teodoro Obiang. El empresario Juan José Urrutia, que en el momento de su muerte tenía 38 años, fue el enlace de la operación. Cuando pidió explicaciones a sus compinches por la desaparición de parte de los fondos, habría sido asesinado por éstos, según la sorprendente tesis esgrimida por la defensa del principal acusado del crimen.

El 17 de abril de 1995 Juan José Urrutia, propietario del picadero de caballos Marekur, ubicado en el barrio donostiarra de Intxaurrondo, fue asesinado en Urbasa. Los procesados le exigían la devolución de veinte millones de pesetas de una deuda de narcotráfico contraída con una persona que no ha podido ser determinada en la causa. El relato que el fiscal hace de los hechos, basado en las declaraciones iniciales de los imputados (hay un cuarto cómplice en paradero desconocido, el súbdito portugués Celestino Rodríguez Pinguelo), indica que Urrutia acompañó a los procesados desde San Sebastián hasta Navarra y que, ante la imposibilidad de devolver la cantidad que le exigían, Alfonso Mendoza le disparó con una pistola Astra causándole la muerte. En la vista comparece como acusación popular la asociación Adore, ya que el crimen aparece también vinculado a las mafias del narcotráfico que operan en Euskadi.

Distanciamiento

La primera jornada del juicio evidenció el distanciamiento de Mendoza respecto de los otros dos procesados. Hernández Berrocal y Gómez de Segura reconocieron su presencia en Urbasa y achacaron el asesinato a Mendoza, mientras que éste, que en 1995 era vigilante de seguridad de la autovía de Leitzaran, negó conocer nada del crimen y afirmó haber oído a Berrocal jactarse de la muerte de Urrutia.

La fiscalía considera que Mendoza suministró después el arma homicida a otra persona, José Tomé, e informó a la Guardia Civil del hecho para que se le atribuyera la responsabilidad del crimen.

Al margen de esclarecer la autoría material del asesinato, el juicio intentará aclarar la conexión guineana. El ex ertzaina Gómez de Segura reconoció ayer que estuvo en Guinea como mercenario. Hernández Berrocal, por su parte, permaneció seis meses encarcelado en Malabo tras interceptar las autoridades de aquel país un barco con armamento. Todos ellos frecuentaban la Casa de Guinea de San Sebastián.