El Defensor del Pueblo denuncia múltiples anomalías en la aplicación de la Ley del Menor

Falta personal y medios para cumplir con lo que establece la Ley del Menor. Veinte meses después de su entrada en vigor, el Defensor del Pueblo valora la norma, pero considera necesario 'asignar los recursos humanos y financieros que sean precisos para poner en práctica en toda su intensidad los instrumentos que la ley contempla'. La falta de juzgados de menores y del personal necesario para que funcionen correctamente, la falta de seguridad en los centros de internamiento y el incumplimiento de la ley en dependencias policiales son las principales críticas de la institución que rige Enrique Múgica.

En un documento de 577 páginas, el Defensor analiza el funcionamiento que ha tenido la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores -conocida como Ley del Menor- en su primer año de vigencia. El documento analiza el cumplimiento que en cada una de las 17 comunidades autónomas se ha dado a las prescripciones de la ley desde que entró en vigor el 13 de enero de 2001.

Antes de esa fecha varios gobiernos regionales denunciaron graves carencias materiales y de personal para cumplir con los objetivos de la nueva ley -dar alternativas educativas a los jóvenes delincuentes fuera del sistema penal para adultos-. A esas críticas se sumó meses después el Consejo General del Poder Judicial. Un año y 10 meses después, el Defensor del Pueblo coincide con ellos.

Faltan jueces y juzgados. El informe considera necesaria la creación de nuevos juzgados en las ciudades en las que el número de delitos cometidos por menores es mayor (Zaragoza, Madrid, Bilbao, Valencia, Murcia, Las Palmas, Málaga y Barcelona) 'para adaptar las cargas de trabajo que están soportando los órganos judiciales de menores de las citadas ciudades'. El Defensor recomienda también la progresiva implantación en todo el país de juzgados exclusivos para los jóvenes hasta contar al menos con un Juzgado de Menores por provincia. Según el informe, los titulares de esos juzgados deben estar especializados, por lo que, según el texto 'es imprescindible la convocatoria de cursos para la especialización de jueces de menores'. El Defensor denuncia que en la actualidad existen 35 jueces especialistas en adolescentes que no desempeñan su trabajo en juzgados de esa naturaleza.

Faltan fiscales y personal auxiliar en los juzgados. 'La mayoría de las secciones de menores [de las Audiencias Provinciales] no cuenta con un número suficiente de fiscales para desarrollar el trabajo que les corresponde de forma correcta', continúa el Defensor, que solicita al igual que para los jueces, que se incrementen los cursos de especialización de fiscales de menores. Según el informe, los tribunales 'deberían dotarse con equipamientos informáticos eficaces' así como de programas que permitan recoger 'todos los aspectos relativos a la ejecución de las medidas [sanciones]'.

Falta de personal de los equipos técnicos. La ley obliga a que estos equipos de especialistas entreguen en cada caso al fiscal un informe en el que se explique 'la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así como su entorno social' y cualquier otra circunstancia en relación con el tipo de sanción a la que podría ser condenado el joven. El Defensor considera 'primordial' ampliar las plantillas de los equipos y su número. El informe establece que las comunidades que tengan competencia en la organización de los equipos deben disponer de los medios necesarios para que estén disponibles en todo momento.

Faltan centros de internamiento. 'Cada comunidad autónoma deberá contar con un número suficiente de centros para evitar que menores con arraigo en una ciudad, se vean obligados a cumplir su medida de internamiento lejos de la misma', recuerda el informe, que hace referencia expresa a la falta de centros para el cumplimiento de internamientos terapéuticos -con programas de desintoxicación o tratamiento de enfermedades mentales- en régimen cerrado. Para evitar que los jóvenes tengan que ser trasladados, el Defensor recomienda que en todos los centros se implanten o incrementen los programas de deshabituación de drogas. El informe estima necesario reformar las medidas de seguridad debido a las fugas producidas en algunos centros y propone que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan colaborar en esas labores ocasionalmente.

Dependencias policiales. El Defensor denuncia que la mayoría de las dependencias policiales donde se custodia a menores carecen de los profesionales que les presten 'los cuidados, la asistencia social, psicológica, médica y física' que establece la ley. El informe establece que todas las actuaciones que se realicen con jóvenes deben realizarse 'sin distintivos que pongan de manifiesto el cuerpo al que pertenecen los intervinientes'. También debe evitarse la exhibición de fotos de menores delincuentes en las investigaciones policiales así como que las ruedas de reconocimiento se completen con jóvenes que se encuentren internados.