Las autonomías advierten al Gobierno de que no tienen medios para asumir la Ley del Menor

Los consejeros de Justicia de Andalucía, Cataluña, País Vasco, Galicia, Canarias, Navarra y la Comunidad Valenciana pidieron una moratoria de la Ley del Menor, modificada en dos ocasiones antes de entrar en vigor, poco después de que el ministro de Justicia, Ángel Acebes, insistiera en que la normativa entraría en vigor en enero. Incluso el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, recomendó la moratoria 'hasta tanto no se habiliten los recursos humanos y materiales para su aplicación'. Estas quejas llevaron al Ejecutivo a elaborar una encuesta entre los Gobiernos regionales para conocer su situación y sus necesidades.

Las comunidades autónomas se quejaron de falta de medios, de que el Gobierno ha legislado en un asunto en el que tienen transferidas las competencias y, sobre todo, de que no se han negociado ni fijado transferencias económicas. El Gobierno accedió a aplazar dos años el artículo de la ley referido a los delincuentes de entre 18 y 21 años para estudiar qué medios y cuánto dinero hacía falta. Pero poco más. La nueva ley entrará en vigor, con o sin centros, el día 13.

El Ejecutivo afirma que ya ha destinado a las comunidades 4.000 millones de pesetas, pero sólo Andalucía calcula sus necesidades de inversión en 14.000 millones

Las comunidades, que tienen transferidas las competencias de menores y tienen a su cargo los centros de reforma, han calculado que tendrán que acoger a un millar de jóvenes procedentes de prisiones. Sin embargo, Instituciones Penitenciarias asegura que sólo habrá 90 jóvenes que van a salir de la prisión al reformatorio. Sea la cifra que sea, las comunidades deben asumir su custodia y manutención en centros nuevos o ampliados.

El Ministerio de Justicia dice que ya ha invertido 4.400 millones para la entrada en vigor de la Ley del Menor, cantidad a la que hay que sumar el dinero invertido por las comunidades, otros 3.000 millones. Pero estas cifras no casan, porque Andalucía, Madrid y País Vasco aseguran que en conjunto sus respectivos Ejecutivos han gastado ya más de 14.000 millones para afrontar la entrada en vigor de la ley. La situación en las principales comunidades es ésta:

- Andalucía. La Consejería de Justicia, con un presupuesto de 1.310 millones, está preparada para comenzar a aplicar la ley. Pero la de Asuntos Sociales calcula que sólo en este año necesitará 13.850 millones para atender las nuevas competencias que la norma le otorga; para acoger a los 345 menores de 21 años que ahora están en prisiones y para construir 29 nuevos centros. El consejero Isaías Pérez Saldaña advierte de que si no se cubren esas necesidades, Andalucía se va a ver desbordada por esta ley. Asuntos Sociales, por su cuenta, está construyendo o reformando cuatro centros de atención e internamiento de menores, a los que hay que añadir otros seis ya en funcionamiento.

- Cataluña. Desde que se anunció la reforma de la ley, el Departamento de Justicia de la Generalitat mostró su oposición a la modificación del texto, ya que considera que abre un conflicto de competencias entre el Estado y la Generalitat de Cataluña, la única comunidad que tiene traspasada la política penitenciaria.

Francesc Jiménez Gusí, director general de Servicios Penitenciarios y Rehabilitación, opina que la reforma de la ley alarga excesivamente el cumplimiento de las penas. 'Lo que no se pueda lograr en un centro de cumplimiento de jóvenes en términos educativos y de rehabilitación en cinco años difícilmente se puede lograr en más tiempo. Por eso pensamos que es incoherente alargar la estancia en la cárcel', asegura.

La consejera de Justicia de la Generalitat, Núria de Gispert, piensa en términos casi idénticos pero añade su disconformidad con que la competencia en la ejecución de la pena en el caso de menores se atribuya al tribunal sentenciador, ya que la Generalitat tiene competencias en el ámbito de menores y de política penitenciaria.

- Comunidad Valenciana. La Generalitat Valenciana aún no ha inventariado el número de plazas disponibles para el internamiento de menores. De momento, según fuentes de la Fiscalía y de Comisiones Obreras, sólo están computadas las del centro de Godella, cuya capacidad es de 12 plazas para internos y una treintena de día. Por tanto, los jueces iniciarán la emisión de autos de internamiento sin que se sepa a dónde deben ir los menores.

Así las cosas, el fiscal Jefe de Valencia, Enrique Beltrán, asegura: 'Lo que nos preocupa y donde tenemos dudas de la eficacia es en lo referente a los centros de internamiento y a las propias dependencias judiciales'.

La Fiscalía de Menores de Valencia abrió entre el 1 de enero y el 8 de septiembre de 2000 un total de 3.780 diligencias informativas. De ellas, 1.087 han requerido de la comparecencia del menor en el juzgado por ser hechos de gravedad. 'Con este volumen es difícil pensar que, al menos en los primeros meses de aplicación de la nueva Ley del Menor, puedan alcanzarse algunos de los objetivos marcados', señala CC OO.

- Madrid. Esta comunidad no está preparada para acoger a los menores que salgan de las cárceles cuando la ley entre en vigor y tengan que pasar a otros centros. 'Es una buena ley pero no disponemos de los recursos suficientes para aplicarla', denuncia Javier Urra, defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. 'Tengo la sensación de que no hay la voluntad política del Gobierno para crear las infraestructuras suficientes', agrega Urra, quien calcula que al menos 50 menores que están ahora en prisión pasarán a los reformatorios madrileños a partir del día 13. 'El Gobierno regional se ha puesto a trabajar y ya está aprobado un presupuesto de 8.000 millones para construir dos centros con 100 plazas para estos jóvenes', añade el Defensor del Menor. Madrid cuenta ahora con tres centros para menores: Renasco, Hortaleza y El Madroño. Entre los tres suman 56 plazas y están ocupadas.

- País Vasco. El Departamento de Justicia vasco tiene todo preparado para la inminente entrada en vigor de la ley, con personal de refresco y con la apertura en Zumárraga (Guipúzcoa) de un establecimiento de cumplimiento de condenas, en el que ha invertido 5.000 millones. Pero también plantea problemas. 'Hace falta financiación y como las comunidades entendemos que la ley es una auténtica transferencia, así lo hemos defendido ante los Ministerios de Justicia y Administraciones Públicas. Al Estado se le exonera del coste y éste se traslada a las comunidades con competencias, lo que supone una inversión mayor', argumenta Abel Muniategi, viceconsejero de Justicia. La inversión de 5.000 millones en el establecimiento de menores trae de cabeza al Gobierno vasco. Su petición de que las medidas correctoras se cumplan en Euskadi parece no haber tenido la respuesta adecuada. 'Lo hemos planteado y no contestan. Todavía no está claro dónde se van a ejecutar las medidas que se impongan o si se van a transferir a las comunidades mediante pactos o convenios. A ver qué hacemos con lo invertido', inquiere Muniategi.

Información elaborada con datos de Daniel Gil, Pere Ríos, Mabel Galaz, Isabel Camacho, Lydia Garrido y Jorge A. Rodríguez.