Los sindicatos franceses preparan protestas contra las privatizaciones
El Gobierno francés se enfrenta esta semana a las primeras grandes protestas contra sus planes de privatización, mientras el Parlamento inicia el debate de un proyecto para flexibilizar la ley de reducción del tiempo de trabajo a 35 horas semanales, iniciativa estrella del anterior Ejecutivo de izquierdas.
El jueves será el día clave de la protesta, ya que los sindicatos de los grupos energéticos estatales EDF (electricidad) y GDF (gas) han convocado una jornada de movilizaciones que todos los analistas auguran que será muy seguida. Se ha hablado de un seguimiento de la huelga superior al 80% y de 60.000 manifestantes en las calles de París para gritar contra los proyectos de privatización esbozados por el Gobierno de derechas para esas empresas.
A la convocatoria de paro se han sumado varias organizaciones sindicales de Air France -en la que el Ejecutivo quiere también vender su participación- y han prometido su presencia en la manifestación de la capital otros sindicatos de grupos total o parcialmente públicos (France Télécom, La Poste y SNCF).
Sistema de pensiones
Se ha programado la apertura del capital de EDF para 2004, pero esos planes deben salvar numerosos obstáculos y uno de los más complejos es la reforma del sistema de pensiones, que el grupo comparte con GDF y afecta a unas 300.000 personas (entre jubilados y activos) que gozan de un régimen más favorable que el del sector privado.
Las dos empresas pagan ahora el 80% de las pensiones a sus jubilados, que cobran el 75% de su último salario al cabo de 37,5 años de cotizaciones (frente a los 40 requeridos en el sector privado). Eso supone un lastre insoportable para las compañías si quieren salir a Bolsa, por lo que el Ejecutivo pretende equiparar su sistema de pensiones al régimen general y aumentar el porcentaje actual de cotización del 7,8% del salario hasta el 11 o el 12%, pero los sindicatos se niegan a aceptar esas reformas, al menos de momento. EDF afronta, además, la presión del Gobierno para reducir costes en un momento de deterioro de los resultados.
