Progresividad segura, pero escasa

El mercado de la vivienda es uno de los pocos que reflejan por sí solos el grado de bienestar social de una comunidad; su eficacia como indicador le confiere un valor añadido especial. No debe olvidarse tampoco su importancia política, recogida como un derecho en el texto constitucional, y además se da la circunstancia de que en los dos últimos años el sector de la construcción se ha convertido en el casi único motor del cada vez más débil crecimiento económico español.

Pero este evidente interés del mundo de la vivienda y de la construcción contrasta con el deficiente conocimiento que se tiene de su funcionamiento y efectos económicos. Ése es precisamente el vacío que pretende remediar el estudio de María Teresa Sánchez. El subtítulo aclara perfectamente el objetivo del análisis y la conclusión es que el gasto público contribuye a reducir la desigualdad, aunque en dosis no demasiado elevadas.

La premisa del análisis es sencilla: el mercado de la vivienda presenta fallos ostensibles que impiden aproximarse al cumplimiento, siquiera sea parcial, de un derecho básico; por lo tanto, la intervención del Estado incorpora mejoras en la distribución. Esta intervención estatal se ha manifestado históricamente en dos políticas distintas. Hasta principios de los años ochenta, la prioridad política de los gobiernos fue aumentar el parque de viviendas, fomentar la construcción de forma inmediata y radical. A partir de mediados de la década de los ochenta, la política cambia radicalmente hacia estímulos e incentivos personalizados, orientados a favorecer el acceso a la propiedad. Este esquema histórico debe matizarse además con la irresistible tendencia de los poderes públicos a fomentar la propiedad y no el alquiler. La consecuencia de todo lo anterior es que la vivienda se ha convertido en un 'bien intocable', favorecido siempre de una forma u otra por subvenciones o desgravaciones al margen de la orientación política de los gobiernos.

El nudo de la cuestión del libro es la progresividad del gasto en vivienda, y en este punto concreto las noticias no son buenas. Sánchez sostiene que la progresividad de la inversión en vivienda es muy elevada, a pesar de lo cual su efecto general sobre la economía es relativamente bajo. La razón es que los importes relativos destinados a este tipo de inversión pública son muy bajos (el 0,98% de la renta disponible); de ahí que el efecto sea débil. El estudio aporta además otra información significativa: la franja de renta que presenta una mayor proporción de deducción por vivienda es la situada entre 42.000 y 48.000 euros, que es ya un nivel elevado. Por el contrario, la proporción más baja de deducciones se da en las rentas inferiores a los 6.000 euros.

El libro tiene un marcado perfil académico y elude cuestiones tan cruciales para el futuro de la vivienda como la rigidez del mercado del suelo -la pretendida liberalización del Gobierno, planteada ya en 1996, ha fracasado estrepitosamente- o la decadencia de la construcción de las viviendas de protección oficial en beneficio de la vivienda libre. Quizá algún estudio posterior de la autora nos ilustre sobre sus consecuencias.