El modelo de Puerto Rico

Puerto Rico mantiene desde 1952 una relación política con Estados Unidos como Estado Libre Asociado, una fórmula tan compleja como controvertida que permite a los puertorriqueños preservar su identidad nacional y un gobierno autónomo, a la vez que permanecen unidos políticamente a EE UU. George W. Bush es su presidente pero no lo han elegido, porque no tienen derecho a votar en las elecciones presidenciales ni tampoco a seleccionar representantes en el Congreso. Ese singular estatuto se debe a un viejo principio norteamericano: 'No se puede imponer taxación si no existe representación'. Y los puertorriqueños no pagan impuestos federales, sólo locales.

La exención de impuestos federales y la supresión del derecho al voto son las mayores diferencias entre Puerto Rico y los cincuenta Estados de la Unión. No obstante, la Isla del Encanto mantiene una representación en el Congreso a través de un 'comisionado residente', que puede preparar legislación concerniente a Puerto Rico e incluso debatir en su favor, pero no puede votar.

Ambas naciones tienen en común el mercado, la defensa, la moneda y la política exterior

Puerto Rico tiene su propia Constitución, que tuvo que ser ratificada por el Congreso norteamericano antes de que los electores la aceptaran mediante plebiscito. Actualmente, ni el Congreso ni el Ejecutivo de Washington pueden vetar una ley aprobada por los legisladores puertorriqueños. Y, en teoría, el Congreso de EE UU puede pasar leyes sobre Puerto Rico sin tenerlas que someter a votación popular en la isla, aunque en la práctica ha ocurrido en contadas ocasiones.

Bajo el convenio, ambas naciones mantienen la defensa, la moneda, la política exterior y el mercado comunes. En la isla operan todas las agencias federales, desde el FBI o la DEA hasta las del bienestar social, y EE UU gestiona además el servicio postal, las aduanas y los tribunales de justicia federales -la isla mantiene su propio sistema judicial, pero los asuntos de jurisdicción o constitucionalidad los dirime EE UU-.

Puerto Rico recibe varios subsidios federales para carreteras, vivienda y educación, semejantes a los que obtienen los otros Estados. También se quedan en la isla los impuestos de productos manufacturados allí, así como los recaudados por el Gobierno federal en los puertos. El impuesto que sí pagan los puertorriqueños al tener también ciudadanía estadounidense es el de la seguridad social federal. Las instituciones puertorriqueñas controlan los asuntos internos, a menos que involucren leyes norteamericanas, como por ejemplo en cuestiones de salud pública o contaminación medioambiental. La gobernadora es Sila María Calderón y hay dos Cámaras legislativas: la Baja, con 51 escaños, y el Senado con 27.

Los gobernadores comenzaron a ser elegidos democráticamente en 1948. EE UU los había nombrado desde que tomó posesión de la isla al final de la Guerra Hispanoamericana. El Estado Libre Asociado, aprobado en 1952, le dio a la Isla del Encanto cierta autonomía para dirigir sus asuntos políticos sin la intervención de Estados Unidos, pero nunca ha dejado de ser un caballo de batalla. Desde entonces, el debate político sobre si ser un eEtado Libre Asociado, un país independiente o el Estado número 51 ha centrado la vida pública en Puerto Rico. En el último plebiscito de 1998 sobre la identidad nacional, la fórmula de ELA ganó, pero perdió terreno con respecto al apoyo que había logrado anteriormente, en 1993.

El contencioso con EE UU se ha agravado en los últimos años por la presencia de la Marina estadounidense en la isla de Vieques. La muerte accidental de un civil causada durante unas maniobras prendió la mecha de las manifestaciones populares en contra de EEUU.