Justicia pacta con dos sindicatos de prisiones un aumento de 307 funcionarios

El Departamento de Justicia de la Generalitat y los sindicatos CC OO y UGT alcanzaron ayer un principio de acuerdo que prevé un incremento de 307 funcionarios entre 2003 y 2005, además de un aumento salarial de entre el 8% y el 10%. El pacto será sometido a referéndum entre todos los funcionarios el 9 de octubre y, por el momento, supone una tregua en las tensas relaciones que han mantenido en los últimos meses las organizaciones sindicales con la Administración autonómica.

Los sindicatos CATAC y CSIF se negaron a suscribir el principio de acuerdo argumentando precisamente que debían consultarlo primero con las plantillas. En las prisiones catalanas trabajan actualmente 2.930 funcionarios en todos los ámbitos, para una población superior a los 6.850 presos. Xavier Navarro, responsable de prisiones de Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario en el sector, aseguró ayer: 'Hemos hecho un ejercicio de responsabilidad y somos conscientes de lo que nos jugamos', en alusión a la incidencia que pueda tener el acuerdo en las elecciones sindicales que se celebran el 4 de diciembre.

Ayudas en transporte

De los 307 nuevos funcionarios, 207 irán destinados a las prisiones ya construidas durante los próximos tres años y el otro centenar se contratará cuando se pongan en marcha el hospital penitenciario y las unidades de módulos prefabricados que habilitará la Generalitat en varios centros penitenciarios. También se ha pactado un sistema de ayuda para el transporte del personal hasta las prisiones de Quatre Camins y Brians que probablemente se plasmará en un servicio de autocares tutelado por la Administración. El incremento salarial se ha desvinculado finalmente de la presencia efectiva en el puesto de trabajo, contrariamente a lo que pretendía Justicia inicialmente, pues entre estos funcionarios existe un elevado porcentaje de bajas laborales.

El motín ocurrido el pasado verano en la prisión de Quatre Camins y varios incidentes acacidos desde entonces en los que han resultado agredidos funcionarios habían contribuido a radicalizar las posiciones en la mesa de negociación, pues los sindicatos se sentían fortalecidos para obligar a la Administración a pactar con ellos. Finalmente, Justicia ha optado por firmar la paz con los sindicatos, al menos con dos de ellos, a cambio de desembolsar nueve millones de euros en los próximos tres años, que es el valor de lo que supone el principio de acuerdo alcanzado.

Jaume Amat, secretario general del Departamento de Justicia, al frente del cual está Josep Delfí Guàrdia, aseguraba ayer que el acuerdo es 'muy positivo para los funcionarios y para la política penitenciaria'. Inicialmente, los sindicatos reclamaban un aumento de 400 plazas y la Generalitat ofrecía 250.