La presión del PP obliga a los tres imputados en el 'caso funeraria' a dejar sus cargos de gestión

El secretario general del PP, Javier Arenas, junto a la dirección del partido en Madrid ha pedido a los tres implicados en el caso funeraria (Simón Viñals y Antonio Moreno, concejales en el Ayuntamiento de Madrid, y Luis María Huete, diputado regional) que dejen sus cargos y que acepten la suspensión temporal de militancia. La decisión sorprendió al alcalde, José María Álvarez del Manzano, mientras presidía el pleno, y obligó a Viñals y Moreno a pedir el relevo en sus áreas, aunque seguirán como concejales. El fiscal pide para ellos seis años de cárcel por prevaricación y malversación de fondos públicos.

José Álvarez del Manzano reiteró su convencimiento en la 'absoluta inocencia' de sus compañeros de corporación y presentó el cese de Simón Viñals y Antonio Moreno al frente, respectivamente, de las áreas de Salud y Patrimonio, como una decisión 'personal' de los ediles. 'Me han pedido que les releve de sus cargos y responsabilidades en el Ayuntamiento y van a solicitar la baja temporal en el partido', explicó el alcalde en una improvisada conferencia de prensa que se vio obligado a convocar tras conocer la decisión de la dirección regional del PP. El secretario general del PP, Javier Arenas, junto a la dirección regional del partido habían decidido suspender cautelarmente de militancia a los tres procesados en el caso funeraria, según confirmaron fuentes del PP.

Álvarez del Manzano abandonó el pleno municipal visiblemente molesto y rechazó posteriormente que en la decisión de sus ediles haya influido la dirección del PP. 'Yo no sé que el partido haya decidido nada. Es una decisión personal de las tres personas afectadas', enfatizó el alcalde, tras confirmar que tanto Viñals como Moreno seguirán como concejales. Luis María Huete mantendrá asimismo su escaño de diputado regional. Fuentes municipales señalaron que en el caso de que este dejara el escaño, dado que es aforado, se retrasaría el juicio: el órgano competente ya no sería el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sino la Audiencia Provincial.

La mano en el fuego

Hasta ahora Álvarez del Manzano había rechazado tajantemente la posibilidad de que los dos ediles procesados abandonasen el gobierno municipal, tal y como reclamaban desde hace tiempo otros concejales del PP en un intento de minimizar los costes electorales que el caso funeraria puede tener para su partido. 'Sigo creyendo en la inocencia de mis compañeros y yo prefiero quemarme la mano por ellos antes que esconderla por cobardía', afirmó ayer Álvarez del Manzano.

Antonio Moreno afirmó que su cese era lo mejor para el PP. 'Experimento un gran dolor, más que por los cargos por la suspensión de militancia en el PP, en el que llevo 23 años', admitió Moreno. La decisión de la dirección del partido del Gobierno de que los tres implicados abandonen la militancia se produce tras difundirse el pasado martes que el juez instructor de la causa ha decretado la apertura del juicio oral para los tres cargos del PP y tres socios de Funespaña (Juan Antonio y Ángel Valdivia y José Ignacio Rodrigo) por la venta del 49% de las acciones de la funeraria municipal madrileña. Según el fiscal, Huete, Viñals y Moreno privatizaron la funeraria en 1992, un año después de llegar al gobierno del Ayuntamiento de Madrid por 0,6 euros cuando, según el fiscal, valía más de 6,5 millones. Para llevar adelante tan ruinosa operación para el erario municipal propiciaron 'burdos artificios contables' para aparentar una 'mala situación económica' de la empresa, que operaba como monopolio. Para hacer frente a los posibles daños a las arcas municipales, el juez exige un total de 13 millones de fianza, de los que nueve recaen sobre los bolsillos de los cargos del PP y los tres principales accionistas de la adjudicataria, Funespaña.

El alcalde de Madrid sugirió ayer la posibilidad de abonar esa fianza con cargo a los seguros de responsabilidad civil que tiene el Ayuntamiento, lo que ha sido rechazado por los grupos de la oposición (PSOE e IU), ya que una una claúsula en los seguros impide su pago cuando media dolo.

Inés Sabanés, portavoz de Izquierda Unida (grupo municipal que denunció en 1994 los hechos al fiscal anticorrupción), consideró insuficiente el cese en sus cargos de Moreno y Viñals. 'El PP interviene tarde, poco y mal. Parece una actuación de compromiso pero el PP tendría que abrir una investigación interna, un punto que forma parte de su código ético, para delimitar responsabilidades y establecer quién estuvo detrás de ese proceso de privatización', afirmó Sabanés.

Rafael Simancas, portavoz socialista, señaló que 'al margen de las cuestiones jurídicas es de todo punto inaceptable que el Ayuntamiento se haga cargo de la fianza'. En opinión de Simancas lo ocurrido con la funeraria 'es un ejemplo de la política de privatizaciones que Alberto Ruiz-Galardón y Esperanza Aguirre han anunciado para la próxima legislatura'. La candidata socialista al Ayuntamiento de Madrid, Trinidad Jiménez, pidió ayer al PP que, 'por decencia política', los tres imputados en el caso Funeraria abandonen sus respectivos escaños en el Ayuntamiento y en la Asamblea regional. Pero desde el Gobierno municipal salieron al paso de esas críticas recordando que el PSOE tiene también un edil, Fernando Sánchez, en un proceso judicial y dimitió de sus cargos pero sigue como concejal.