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El juez añadió delitos a la petición fiscal contra los ediles

El auto del juez instructor del caso funeraria no sólo asumió las acusaciones del fiscal, sino que añadió delitos a los imputados en el auto por el que decreta la apertura de juicio oral. Afectan a los tres cargos del PP:

Luis María Huete. El fiscal imputaba al ex primer teniente de alcalde de Madrid y hoy diputado regional del PP tres delitos: maquinación para alterar el precio de las cosas, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos. Todo ello le supondría una eventual pena de prisión de seis años y 25 de inhabilitación. Pero el juez instructor, a la hora de decretar la apertura de juicio le ha aplicado otros dos delitos: tráfico de influencias y falsedad en documento público.

Simón Viñals. El fiscal acusaba al concejal de Sanidad y ex presidente de la funeraria cuando se privatizó de tres delitos: maquinaciones para alterar el precio de las cosas, prevaricación continuada y malversación. Le suponían seis años de prisión y cinco lustros de inhabilitación. El juez le añade un delito de tráfico de influencias.

Antonio Moreno. El concejal de Régimen Interior era acusado por el fiscal de tres delitos: maquinación para alterar el precio de las cosas, malversación y prevaricación continuada. El juez exige que se le juzgue por un cuarto delito: tráfico de influencias.

La atribución de un delito de tráfico de influencias a los tres políticos del PP, si bien no figuraba en el escrito de acusación del fiscal, si venía en el planteado por el PSOE, que cifraba una pena añadida de tres meses de arresto y una multa de ocho millones de euros. El delito de falsedad en documento público, en el caso de Huete, añadiría de tres a seis años de prisión. La defensa de Huete ignora a qué hecho se refiere este delito, mientras que las acusaciones especulan que se trata de la valoración de Funespaña que presentó al pleno municipal o del posterior contrato de gestión.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 27 de septiembre de 2002