La Diputación de Valencia pide a la Sindicatura que revise sus cuentas

El pleno de la Diputación de Valencia aprobó ayer una moción del PP en el que se insta a la Sindicatura de Comptes a remitir la situación financiera de la corporación en 1999 y 2000 y rechazó la moción del PSPV-PSOE de solicitar un dictamen sobre la situación económica-financiera durante el periodo 1999 y 2001. En la moción presentada por el diputado del PP Silvestre Senent se precisa que 'la fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales corresponde al Tribunal de Cuentas y que las mismas rendirán a éste las cuentas generales correspondientes al ejercicio económico anterior como escrupulosamente vienen observando esta Diputación'.

El presidente de la Diputación, Fernando Giner, ya remitió el pasado día 18 a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas los informes sobre el 'descuadre' detectado en la tesorería provincial e informó a la Fiscalía de la desaparición de algunos libros de tesorería correspondientes al periodo comprendido entre 1996 y el año 2000. Respecto a esta desaparición, Senent afirmó ayer que 'no se ha perdido ningún libro contable, sino unos libros auxiliares y que las cuentas de la institución provincial están informatizadas desde el año 1985'. 'Sólo hay que buscar el disco compacto correspondiente a los mencionados ejercicios para conocer la situación financiera de la institución', dijo.

El diputado socialista Manuel Moret argumentó que la moción presentada por su grupo pretende 'no sólo aclarar dónde están los libros de cuentas sino también que se presenten unas cuentas claras de los ingresos y los gastos, para que esta auditoría sea abierta y accesible a cualquier ciudadano'. Asimismo, indicó que a su formación 'le da lo mismo' qué institución audite las cuentas provinciales, bien la Sindicatura o el Tribunal, aunque matizó que la situación financiera 'es la que hay, los ingresos de la Diputación están sobredimensionados y supera su capacidad real de gasto'.

Asuntos taurinos

Por otra parte, el diputado socialista Ramón Ortolá exigió en el mismo pleno la dimisión del diputado de asuntos taurinos, Enrique Tatay, por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que obliga a la Diputación de Valencia a pagar 907.528 euros 'por irregularidades' en la concesión de la plaza de toros de Valencia. Según Ortolá, los responsables últimos en esta irregularidad son el anterior presidente de la Diputación, Manuel Tarancón, y el anterior diputado de Cultura, Antonio Lis, aunque señaló que Tatay es responsable por acatar estas actuaciones que han obligado a la corporación a desviar fondos destinados a carreteras y cultura para pagar dicha sentencia. En este sentido, el portavoz del PP en la Diputación, Eugenio Pérez, dijo que la citada concesión fue legal y que el problema fue 'que la empresa adjudicataria se presentó dos veces', por lo que recurrirán la sentencia.