Chaves y Álvarez replican al CES que Andalucía no está a la cabeza en economía sumergida

El presidente de la Junta, Manuel Chaves, coincidió ayer desde Finlandia -donde se encuentra en viaje oficial- con su consejera de Economía, Magdalena Álvarez, en rebatir el informe del Consejo Económico y Social de Andalucía (CES) sobre la economía sumergida. Uno y otro aseguraron que la media andaluza no es superior en porcentaje a la española o europea, como señala el estudio, que sitúa el peso de esta actividad en el PIB regional (21,7%) tres puntos por encima de la media de España (18,45%). La consejera aseveró: 'Los andaluces no somos más tramposos que la media del resto del país'.

El CES dio a conocer el lunes en Córdoba un informe, dirigido por el economista Francisco Ferraro, que sostiene que Sevilla, Granada, Huelva y Cádiz son las cuatro provincias españolas en las que más peso tiene la economía sumergida. En la lista de las diez primeras también figuran Córdoba, Jaén y Málaga, y sólo Almería, en el 16º puesto, se sale del ranking. El estudio indica también que el peso de la producción andaluza fuera de control en el Producto Interior Bruto (PIB) en la última década fue del 21,7%.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Economía señaló que estos datos no deben sorprender, ya que se han manejado con anterioridad, y se remontó al pasado 3 de julio en Ronda (Málaga), cuando ella misma y el presidente de Unicaja, Braulio Medel, estimaron que la economía sumergida oscila entre el 20% y el 25% del PIB. 'El informe no aporta nada, lo único que hace es corroborar' una situación que se conocía.

Álvarez, no obstante, cuestionó la tesis del estudio respecto a que la media andaluza está tres puntos por encima de la española, que el trabajo establece en un 18,45%. 'Andalucía está en la media nacional (...) los andaluces no somos más tramposos que la media del resto del país', enfatizó la consejera. Algo parecido dijo el presidente Manuel Chaves desde Finlandia -hasta donde ha viajado para conocer el modelo de desarrollo de este país-, quien restó valor a las conclusiones del CES. 'No creo que el porcentaje de economía sumergida sea superior al de España ni al de la Unión Europea', dijo Chaves, y atribuyó a 'problemas fiscales y de inspección' el cómputo de los datos.

La consejera de Economía subrayó en conferencia de prensa que al tratarse de estudios sobre datos no exactos, lo que se hacen son prospecciones sobre 'lo conocido y lo desconocido, igual que con la inmigración y la droga'. E insistió en que su información sitúa las 'ratios andaluzas' en la media española. Álvarez apoyó su afirmación en que en los últimos cinco años los andaluces declararon, en cuanto a IVA e impuestos especiales, en relación al PIB, medio punto más que en los ejercicios anteriores.

Inspección

'La economía sumergida, lo diga o no un informe, es un gran problema social para cuya solución hay que trabajar conjuntamente', dijo la consejera, para quien los principales perjudicados son, en primer lugar, los trabajadores; y en segundo, los consumidores, ya que no hay control de calidad sobre los productos. En este sentido, Magdalena Álvarez añadió que las principales infracciones son a la Seguridad Social (los empleados no están dados de alta) y al pago de los impuestos como los de sociedades, IVA, etcétera. En ambos casos, los responsables, según la consejera, de que esto no ocurra son los Ministerios de Trabajo y Hacienda, a través de la inspección, por lo que solicitó del Gobierno central 'un esfuerzo adicional'.

La socialista explicó que la Administración andaluza, que no tiene competencias en inspección fiscal y laboral, lo que puede hacer es una labor de 'conciencia social y trasladar el gran problema que supone'. En el 5º acuerdo de Concertación Social de Andalucía, recordó la consejera, la Junta ha creado un grupo de trabajo para detectar, analizar y reducir el problema. Además, el Gobierno regional está apoyando la contratación en los sectores donde abunda la economía sumergida, con programas de formación profesional y agilizando la gestión administrativas de los trámites para regularizar las actividades económicas.

Por su parte, el director del informe, Francisco Ferraro, señaló ayer que para erradicar ese tipo de economía habría que adoptar cambios legislativos sobre todo de tipo fiscal. Ferraro dijo que también hacen falta mayores controles y sanciones y reforzar la inspección, informa EFE.