Medio Ambiente propone cerrar 21 azulejeras y multas que suman 620.000 euros

El plan de inspecciones ejecutado por la Consejería de Medio Ambiente en el sector cerámico, que ha afectado a 150 firmas de la Comunidad Valenciana, se ha saldado con numerosos expedientes que proponen el cierre de 21 azulejeras y multas que suman 620.000 euros (más de 100 millones de pesetas). El consejero, Fernando Modrego, destaca que casi todas las empresas producen limpiamente y que en muchos casos los expedientes se abren sólo por deficiencias administrativas (carencia de licencias...), pero exige cumplir la ley, 'que la UE endurecerá aún más'.

'El cerámico es un sector muy fuerte que está haciendo grandes inversiones en temas ambientales', destaca Modrego, que insiste en que la mayoría de las firmas cumplen la legislación en la materia. Así lo reflejan las inspecciones realizadas a las 150 firmas censadas, que ya han declarado hasta 1.200 puntos de emisión a la atmósfera (desde simples sistemas de calefacción o refrigeración hasta chimeneas de grandes hornos cerámicos). Es decir, el consejero resalta que el sector está haciendo un esfuerzo notable para ponerse al día.

No obstante, la Consejería de Medio Ambiente ha decidido remitir a la Fiscalía tres expedientes por si las infracciones detectadas pudieran constituir un delito ambiental. Corresponden a dos firmas de L'Alcora y a una de Ribesalbes, de las que no se ha facilitado el nombre.

Igualmente, Medio Ambiente ha decidido incoar expediente sancionador por infracción a la ley de residuos a otra empresa de Sant Joan de Moró, que, entre otras infracciones, producía emisiones a la atmósfera que superaban los límites impuestos en su autorización. La empresa deberá afrontar una multa de 6.010,12 euros (un millón de pesetas) y el cierre durante un año. También se le ha denegado la prórroga de la renovación de la autorización. Del mismo modo, en lo referente a infracciones a la ley de residuos, el departamento que dirige Fernando Modrego también tiene una propuesta de sanción de 7.963,41 euros (1.325.000 pesetas) para una mercantil de Massalavés.

Las propuestas de sanción de Medio Ambiente también abundan en el caso de firmas que no han remitido a la consejería la documentación requerida. En esta situación hay dos empresas de Manises, dos de Vila-real, una de Castellón, una de L'Alcora, una de Almassora, una de Burriana y otra de Sant Joan de Moró. Estos casos son especialmente graves y cada una de las nueve firmas se enfrenta a una sanción de 30.050,61 euros (cinco millones de pesetas).

Pero las irregularidades más frecuentes son la carencia de la preceptiva licencia municipal de apertura. Problemas no muy graves, a juicio de Modrego, que 'tienen una solución razonable'. En esta coyuntura se encuentran 33 empresas azulejeras y otras 18 firmas fabricantes de fritas y colores. En la mitad de los casos, al interesarse la consejería en los respectivos ayuntamientos por su situación se descubrió que los consistorios ya habían abierto expediente. Pero en los casos en que no ha sido así, ha sido Medio Ambiente la que les ha abierto un expediente sancionador. En total, hay 17 azulejeras (tres de Almassora, dos de Castellón, y una en la Pobla de Vallbona, Alcudia de Crespins, Carlet, Xàtiva, L'Alcora, Sant Joan de Moró, Borriol, Lucena, Potries, Onda y Ribesalbes) y cuatro de fritas y colores (Almassora, Vilafamés, Vila-real y San Joant de Moró).

Libros de registro

Pero el tema que más preocupa tanto a los ciudadanos como a la consejería es el de la contaminación atmosférica. Medio Ambiente ha tenido que reclamar a 36 azulejeras y a 26 fabricantes de fritas y colores los libros de registro y las últimas analíticas, en cumplimiento de la reciente ley 16/2002, aprobada el 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación. Finalmente, tras la reclamación, sólo cinco empresas (dos de L'Alcora, una de Almassora, otra de Vilafamés y una de Onda) han vuelto a incumplir el requerimiento. Los expedientes que se les han incoado implican multas de 30.050 euros (cinco millones de pesetas).

No obstante, para verificar el cumplimiento de las emisiones declaradas, la consejería ha procedido a realizar entre julio y agosto inspecciones aleatorias sobre determinados focos de emisión de varias empresas de la provincia de Castellón. Estas visitas se han saldado con varios expedientes. Dos de ellos a sendas firmas de Onda y L'Alcora por obstaculizar la inspección al carecer de plataforma de acceso para la toma de muestras. Y a otras cuatro por superar los límites legales de emisión. Para estas empresas, ubicadas en Nules, Castellón, Vila-real y L'Alcora se han propuesto multas de 30.050 euros (cinco millones de pesetas), 6.010 euros (un millón), 42.070 euros (siete millones de pesetas) y 96.161 euros (16 millones de pesetas) respectivamente.

'Antes partíamos de una situación de poco control', reconoce Modrego, pero advierte que la legislación europea, con nuevos parámetros para 2005 y 2010, será cada vez más exigente con la calidad del aire.