El sindicato vinculado al PNV exige el cese del consejero Balza

El sindicato mayoritario en Euskadi, ELA, de inspiración nacionalista, calificó ayer de 'un hecho de una gravedad sin precedentes' la decisión de la Ertzaintza de impedir la manifestación del pasado sábado en Bilbao cuando ésta ya estaba en marcha. Su secretario general, José Elorrieta, exigió la 'dimisión o cese' del consejero de Interior, Javier Balza, por ser el 'responsable político directo' de la actuación policial.

El Comité Ejecutivo del sindicato ELA, que desde antes del Pacto de Lizarra, se ha convertido en punta de lanza del soberanismo, se sumó ayer a las críticas recibidas por el consejero de Interior, Javier Balza, por ordenar a la Ertzaintza que impidiera la manifestación del pasado sábado en Bilbao, lo que provocó enfrentamientos entre simpatizantes de Batasuna y los agentes de la policía vasca. Dos días después de los incidentes, el líder de esta central, José Elorrieta, censuró con una dureza inhabitual al Gobierno vasco por asumir 'el papel de ejecutor de la estrategia de restricción de derechos que el Estado español aplica en Euskal Herria', en lugar de 'actuar como garante de los derechos y las libertades de la ciudadanía'.

Elorrieta calificó de injustificada la actuación de la Ertzaintza por 'impedir por la fuerza' la marcha, lo cual constituye 'un hecho de una gravedad sin precedentes'. Y añadió: 'Puede decirse que la serenidad de manifestantes y organizadores impidió que tuviesen consecuencias aún peores'. La marcha, con el lema Gora Euskal Herria, congregó a varios miles de ciudadanos, entre los que se encontraban la mayor parte de los dirigentes de Batasuna.

'El papel de la Ertzaintza nos llena de decepción y tristeza', dice el comunicado leído por Elorrieta, quien pidió la 'dimisión o cese' del consejero Javier Balza, a quien responsabilizó de los hechos. Interior ordenó la carga policial sin comunicar previamente a los organizadores que la manifestación quedaba o no autorizada. El Gobierno vasco se limitó a recordarles que un auto del juez Garzón consideraba ilegal su celebración.

La dirección del sindicato nacionalista extiende las críticas a todo el Ejecutivo de Ibarretxe. Le acusa de desarrollar, 'por debajo de puntuales proclamas soberanistas de escasa operatividad', una práctica y un discurso 'presididos por la prevalencia absoluta de principios como el cumplimiento de la legalidad vigente y la renuncia a iniciativas que lo cuestionen'. ELA, que el pasado día 6 abogó por la desobediencia al Estado aunque ello suponga perder la autonomía, considera que la actuación de Bilbao forma parte de una estrategia global del Gobierno vasco, consistente en renunciar 'a llevar adelante el proyecto soberanista' y aparcar 'la resolución democrática del conflicto vasco'.

'No hay división'

En la misma línea, la parlamentaria de Batasuna Jone Goirizelaia calificó de 'métodos propios de dictaduras fascistas' los empleados por la Ertzaintza para disolver la multitudinaria marcha y anunció la presentación de varias iniciativas parlamentarias para pedir explicaciones a Ibarretxe y Balza.

El Gobierno vasco, por su parte, se esforzó ayer en dar una imagen de unidad frente a las críticas. La vicelehendakari, la peneuvista Idoia Zenarruzabeitia, y el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga (EA), negaron la existencia de discrepacias en el tripartito formado por el PNV, EA e IU: 'No hay ninguna división de opiniones, ni nada por el estilo', afirmó categórica Zenarruzabeitia, que denunció la 'estrategia de la confrontación' del PP y Batasuna para ofrecer una imagen de división entre los vascos. Sin embargo, dirigentes populares y socialistas, como Javier Arenas y Rodolfo Ares, respectivamente, criticaron la 'falta de orden' dentro del Ejecutivo de Ibarretxe. Las juventudes de EA, uno de los partidos del Gobierno, calificó de 'demencial' la disolución de la manifestación, a la que asistieron 'decenas' de sus militantes, y, en línea con ELA, emplazó al PNV a que defina 'cuál es su apuesta de futuro'.

Por otro lado, dos de los cuatro detenidos en los incidentes del sábado ingresaron el domingo por la noche en prisión. Se trata de Oier Gorosabal y Pablo Girón, ambos de la asociación Diáspora Vasca, que durante la movilización se desnudaron frente al cordón policial. El primero, de 30 años, es vecino de la localidad guipuzcoana de Eibar, y el segundo, de 38 años, de Murcia. Interior les acusa de desordenes públicos, apología del terrorismo, atentado contra la autoridad y por participación en una marcha ilegal. Los otros dos detenidos quedaron en libertad el domingo.