"Educación ha reducido las becas donde hay más necesidad social"

El cuarto presidente de los rectores españoles, Ignacio Berdugo -vallisoletano, de 50 años-, ha aterrizado en su cargo en medio del lío en el que están actualmente enredadas las universidades con la aplicación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU). El presidente de los rectores y máximo responsable de la Universidad de Salamanca vaticina además que los centros tardarán en dejar todo atado aún más de lo previsto.

Berdugo ha recibido el testigo de manos de Saturnino de la Plaza, el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, con el que vivió en primera fila la oposición firme y consensuada de todos los rectores a muchos aspectos de la LOU.

Pregunta. ¿Cómo les está sentando a las universidades el largo proceso de aplicación de la ley del que tanto se quejaron?

'La nueva ley no logrará mejorar la participación en las elecciones universitarias'

'El Gobierno español se está quedando atrás en la apuesta por Iberoamérica'

Respuesta. Dijimos que la ley abría un largo periodo en el que las universidades tendrían que mirar hacia dentro y que iba a generar incertidumbre. Cambiar estatutos, volver a elegir órganos de gobierno y modificar todo el aparato normativo de cada universidad. Pero ese periodo de tiempo va a ser incluso mayor de lo que se pensaba. No será de un año y medio o dos sino de dos o tres. Además hay muchas instancias implicadas (el ministerio, las comunidades, las universidades) y los ritmos e intereses no necesariamente coinciden a la hora de dar prioridad a un tema sobre otro.

P. Este curso académico empezará a funcionar la habilitación nacional para los profesores funcionarios. ¿Aceptarán las universidades que el Gobierno las obligue a cubrir sus plazas vacantes en el plazo de dos años con los profesores que haya habilitados, sean adecuados o no para esas plazas?

R. Es uno de los temas reflejado en el recurso de inconstitucionalidad de la LOU (presentado por diversos diputados y comunidades autónomas). Para que pueda garantizarse la autonomía universitaria debe haber la posibilidad de elegir entre varios habilitados. Es decir, es necesario que se habilite a más personas que el número de plazas que se convoquen. No pueden obligar a las universidades a cubrir una plaza vacante con un determinado profesor, aunque no tenga el perfil adecuado para ese puesto. Es algo más que cuestionable desde el punto de vista de la autonomía de las universidades.

P. El otro instrumento aprobado es la de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación para lo que se ha creado una fundación. Pero ustedes tienen dudas sobre que esta fórmula sea legal.

R. La posición de las universidades está recogida en un informe del Consejo de Coordinación. La vía fundacional no parecía la más correcta ni garantizaba la independencia de esta institución, aunque el Gobierno ha considerado que sí. Estamos a la espera de conocer toda la estructura de la agencia y espero que haya órganos en ella que den entrada a todas las instituciones implicadas en el futuro de la educación superior española.

P. El ministerio ha dicho que las agencias autonómicas tendrán que aceptar las evaluaciones positivas de los candidatos a profesores contratados que haga la agencia nacional. ¿Cree que accederán?

R. Espero que sea así. Dentro de la diversidad y el respeto a las competencias de las comunidades y de la autonomía de cada universidad, debe haber sistemas de coordinación. Espero que no haya unas estructuras tan diversas que hagan que lo que en una agencia sea una cosa en otra sea distinta.

P. ¿Se está logrando que participen más estudiantes y profesores en la elección del rector, que era uno de los objetivos que argumentó el Gobierno al defender la elección directa por sufragio universal ponderado?

R. No. A corto plazo no hay por lo general una variación en el comportamiento electoral. La nueva ley no logrará mejorar la participación en las elecciones universitarias. Los cuerpos de funcionarios votan masivamente y no se ha conseguido que los estudiantes se impliquen todo lo deseable.

P. ¿Se resisten las universidades a ser evaluadas?

R. No. La mayor parte tienen mecanismos propios internos para evaluar su calidad. Ahora bien, ante cualquier evaluación hay que plantear al menos varias cuestiones: los indicadores que utilizas, quién está legitimado para evaluar y el no aplicar iguales criterios a realidades diferentes. Probablemente el camino más adecuado es la evaluación por titulaciones, por gestión o por grupos temáticos, pero no el de las evaluaciones globales de las universidades.

P. ¿No cree entonces que vaya a haber ranking de universidades españolas en el futuro?

R. Es más espejo de la realidad una evaluación de cuestiones concretas, que un ranking donde se mezclan realidades heterogéneas.

P. ¿Qué opina de los dos o tres ranking que han elaborado algunos profesores por su cuenta?

R. Cualquier opinión es respetable, pero es eso, una opinión. Sobre los criterios que se han utilizado en ellos en general, los rectores hemos dicho reiteradamente que son más que cuestionables. Y esto puede perjudicar más que beneficiar y crear una incertidumbre más que injustificada.

P. ¿Qué opina del recorte de la becas de doctorado para extranjeros que ha hecho la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)?

R. La política de becas del Gobierno respecto a alumnos extranjeros, y sobre todo de doctorado, no es la más adecuada. Para las universidades latinoamericanas, por ejemplo, es una prioridad formar doctores en España. La política del Ministerio de Asuntos Exteriores en esta materia va encaminada a otro tipo de formación, pero no debe ser a costa de quitar otras cosas. Formar doctores en Latinoamérica es una inversión importante. De hecho, el Gobierno español se está quedando atrás en la apuesta por Iberoamérica, mientras hay otros Gobiernos europeos que están allí presentes, como los de Francia, Italia y Alemania, y también Estados Unidos y Canadá.

P. ¿Debería ir vinculada la financiación de las universidades a los resultados de las evaluaciones que se les hagan?

R. Siempre he creído en la financiación por objetivos, por metas que se establezcan en diálogo con las universidades.

P. Ustedes llevan años pidiendo más financiación para las universidades. Ahora el Parlamento Europeo les ha dado la razón: ha recomendado que se aumente la financiación del sistema público universitario en la UE.

R. La financiación es una asignatura pendiente. Y la pedimos por el peso que tienen las universidades para el desarrollo de un país. En efecto, el Parlamento Europeo acaba de hacer esa recomendación y sobre todo debe tenerse en cuenta en los países que no están precisamente a la cabeza de la UE a la hora de recibir fondos, como ocurre en España. Además, en la CRUE hemos acordado la semana pasada elaborar un documento que establezca unas bases sobre cómo debe ser esa financiación.

P. ¿Qué opina de la reducción de las becas para los universitarios de baja renta que no se encuentren en una situación personal muy desfavorecida (como huérfanos o hijos de parados o separados)?

R. Todos los españoles que lo deseen deben poder acceder al sistema universitario. Y si esto pasa por ayudar a los que tienen un nivel de renta menor, debe llevarse a cabo. Esa decisión se debe revisar a la mayor brevedad posible porque, independientemente del discurso sobre si hay muchas o pocas becas, lo que es cierto es que Educación ha reducido las becas allí donde hay una mayor necesidad de social de esas ayudas.