La izquierda rechaza el proyecto por 'represivo e involucionista'

'Mayor represión'; 'aumento insuficiente de plantillas'; 'falta de diálogo con las autonomías'; 'incremento de la plantilla de Fiscales'. Estas fueron las principales críticas y quejas contra el plan de lucha contra la delicuencia que formularon ayer desde la oposición parlamentaria, las asociaciones de jueces y los sindicatos policiales.

Grupos parlamentarios. El portavoz socialista en temas de Interior, Victorino Mayoral, advirtió de que no será posible la aplicación las reformas del Código Penal y la Ley de Enjuciamiento Criminal si éstas no van acompañadas de un aumento de recursos. 'Este plan escoba da más importancia a la represión que a la prevención del delito', afirmó Mayoral. 'Parece como si no se dieran cuenta de que las cárceles están a punto de estallar'. El diputado ve insuficientes los 20.000 nuevos efectivos de Policía y Guardia Civil prometidos por el Ejecutivo, y recordó que para implicar a las policías locales en la lucha contra la delincuencia 'hay que reformar de las leyes de Seguridad Ciudadana y de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado'.

'Las reformas legales propuestas suponen una involución de caracter represivo', aseguró Felipe Alcaraz. El diputado de IU recordó al Gobierno que en los próximos años se jubilarán 15.000 agentes y anunció una enmienda a los presupuestos de 2003 para reclamar 3.000 millones de euros para un plan de choque en zonas marginales.

'¡Ya era hora!', fue la reacción del portavoz del grupo Catalán en el Congreso, Xavier Trias, al conocer el plan. Aun así, el diputado de CiU criticó que no se consultara a las comunidades autónomas que, como Cataluña, tienen policías autonómicas y las competencias de Justicia. La diputada del PNV Margarita Uría, criticó que la prisión provisional se amplie a los reincidentes. 'Atenta contra la presunción de inocencia', aseguró.

Asociaciones judiciales. El portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Vicente Magro, aplaudió el plan gubernamental, en lo relativo a los juicios rápidos. 'La reforma dará a jueces y fiscales mayores instrumentos para combatir la delincuencia y propiciará una justicia ágil y rápida pero respetuosa con los derechos fundamentales', declaró a Efe. Más escéptico se mostró Miguel Carmona, de la progresista Jueces para la Democracia (JpD). 'Los juicios rápidos no funcionarán, si no se cambia el funcionamiento y la estructura organizativa del Ministerio Fiscal. Debe haber un fiscal en cada uno de los partidos judiciales'.

SUP. 'El plan es positivo porque el Gobierno reconoce la existencia del problema de la inseguridad', dijo el secretario general del Sindicato Unificado de Policía, José Manuel Sánchez Fornet, que sin embargo aseguró que los 20.000 nuevos efectivos prometidos por el Ejecutivo 'no significará una mayor presencia policial en las calles'.