El Gobierno lanza un plan para que los delincuentes pasen más años en prisión

El Plan de Lucha contra la Delincuencia, anunciado por José María Aznar en el último debate sobre el estado de la nación y presentado ayer por tres ministros, plantea reformas legislativas y medidas operativas para combatir el grave aumento de las tasas de delincuencia. El Plan, que supondrá un gasto hasta final de 2004 de casi 600 millones de euros, prevé endurecer el Código Penal para demorar la salida en libertad condicional, fija un mínimo de cárcel para lograr el tercer grado, elimina arrestos de fin de semana, aumenta las causas de prisión preventiva e introduce nuevas figuras delictivas.

El Plan contra la Delincuencia fue presentado ayer en La Moncloa por el vicepresidente primero y portavoz, Mariano Rajoy, y por los ministros de Justicia, José María Michavila, y de Interior, Ángel Acebes. El programa gira sobre dos ejes: uno, de reformas legislativas -Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley del Menor y Ley de Extranjería- y otro de medidas operativas -refuerzo de la presencia policial en la calle, cambios en los métodos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y más cooperación con las policías locales-.

Michavila explicó que los cambios en el ordenamiento jurídico parten de la base de que se ha incrementado el número de pequeños y medianos delitos, el número de delincuentes multirreincidentes y la actuación de bandas organizadas. Lo más inmediato será cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para implantar los juicios rápidos, una reforma que ya tramita el Senado y 'que previsiblemente entrará en vigor en abril'. En resumen, se reducen los plazos de instrucción y enjuiciamiento para que la vista judicial se celebre 'inmediatamente o en el plazo de 15 días para los delitos, y en un máximo de 48 horas para las faltas'. Además, se fija el testimonio preconstituido, de forma que la declaración de una víctima tenga valor de prueba aunque se haya obtenido antes del juicio. Esta medida está pensada para atender a los extranjeros víctimas de delitos y que vayan a abandonar España.

'Periodo de seguridad'

Los cambios de mayor calado pretenden endurecer el Código Penal, aprobado en 1995 con las abstención del PP. El Gobierno crea el llamado 'periodo de seguridad' para que un preso condenado a más de cinco años no pueda obtener el tercer grado penitenciario (la semilibertad) 'hasta el cumplimiento de la mitad de la pena'. 'Lo que se quiere evitar es que se pueda acceder al tercer grado desde el primer día', dijo Michavila.

El Gobierno restringe el camino hacia la libertad condicional al introducir la siguiente reforma, de alambicada descripción: 'Sin perjuicio del límite máximo de 25 o 30 años de cumplimiento de pena, con independencia de la condena, se introduce como obligatorio, frente al carácter potestativo que tiene en la actualidad, que el cómputo de los beneficios penitenciarios se haga sobre la totalidad de la pena impuesta, siempre que la pena máxima a cumplir sea inferior a la mitad de la suma total de las impuestas'. La legislación actual entiende como beneficio fundamental la obtención de la libertad condicional, que puede concederse cuando el reo ha pasado las tres cuartas partes de la pena en prisión, o adelantarse, a criterio del juez de Vigilancia Penitenciaria, al cumplir las dos terceras partes. Por ejemplo, si un etarra es condenado a penas que suman 90 años de cárcel, en la actualidad no cumpliría más de 30 y los beneficios se le aplicarían sobre esos 30, por lo que tendría opción a la libertad condicional al cumplir 22,5 años o, en caso de buen comportamiento y pronóstico de reinserción farovable, a los 20. Con el cambio planteado, el cómputo del tiempo para acceder a la libertad condicional se hace sobre la pena total, los 90 años, y no sobre el tiempo máximo de cumplimiento, 30, de forma que la opción de salir condicionalmente a la calle no la tendría hasta los 60 años de presidio. Debido a que esos 60 años superan el máximo de tiempo en prisión que fija el Código Penal (30 años) y la mitad de la suma total de las condenas, el etarra tendría que pasar sin remisión 30 años entre rejas.

El cálculo sobre la pena total o sobre el máximo de cumplimiento de la condena está ahora en manos de los jueces, una potestad que se elimina al hacer obligatorio que el reo cumpla la mitad de la suma de todas las condenas, si no superan los 30 años.

El Gobierno planea también aumentar los criterios para que un juez pueda ordenar la prisión preventiva de un delincuente para, según Michavila, 'reducir de forma considerable el número de delincuentes a la espera de sentencia sin que le sean aplicadas medidas de aseguramiento'. Por ejemplo, los podrá enviar a prisión si cree que pueden cometer nuevos hechos delictivos, o ante 'el temor fundado' de que cometan 'actos propios de la delincuencia organizada'.

Expulsión de inmigrantes

Las reformas alcanzan a la Ley del Menor, que sólo se aplicará a los menores de 18 años. Así, se evitará que haya jóvenes de 21 años en centros de internamiento con adolescentes de 13 años, debido a que aquéllos delinquieron cuando eran menores. Ahora, si la pena es de ocho años (la máxima), los mayores de 18 irán a una cárcel de adultos.

La última ley que será modificada será la de Extranjería, para que puedan ser expulsados los inmigrantes irregulares que cometan delitos y sean condenados a menos de seis años, salvo que perpetren un delito de 'especial naturaleza' o, como dijo el ministro de Justicia, de 'especial repercusión social', lo que aconseja 'que cumpla la pena en España'. Michavila señaló que para llevar a buen término estas medidas se van a crear en dos años 80 nuevas plazas de jueces y 70 de fiscales. Los planes costarán al Ministerio de Justicia 76 millones. El resto del presupuesto, hasta llegar a casi 600 millones, se lo llevan las medidas puramente policiales.