Fuerte desventura

Todo el mundo considera gravísima la situación del millar de extranjeros indocumentados retenidos en instalaciones improvisadas de la isla de Fuerteventura en condiciones menos que precarias. También lo considera así el nuevo secretario de Estado de Inmigración, Ignacio González, que ayer constató sobre el terreno lo que ya sabía por los informes. Lo que no hay, de momento, son soluciones. El ambicioso plan del que se había hablado desde Interior se reduce por el momento a distribuir en dos naves el horror concentrado en una. El resto depende de factores como la incierta dotación presupuestaria y la marcha de las conversaciones con los países de origen de los inmigrantes.

El problema, desde luego, no tiene fácil solución. Durante el mes de agosto fueron interceptados en la isla cerca de 900 inmigrantes irregulares, y tan sólo en la jornada del lunes, otros 75. A comienzos de año, diversas organizaciones humanitarias denunciaron las condiciones de insalubridad en que vivían hacinados 200 extranjeros en las instalaciones habilitadas en una antigua terminal de equipajes del aeropuerto. Ahora hay 700 en el mismo lugar y 300 más en otra instalación improvisada en un antiguo cuartel de la Legión. La dotación policial que controla la nave del aeropuerto está compuesta por dos agentes, y la sanitaria, por un médico y un ATS. Hay cuatro retretes para hombres y uno para mujeres. Se han registrado brotes infecciosos afortunadamente benignos. Entre las 700 personas hay una veintena de mujeres embarazadas.

Las autoridades prohíben la entrada al lugar de periodistas o representantes de organizaciones humanitarias. Sólo la adjunta al Defensor del Pueblo fue autorizada a comprobar la situación. En su informe al Senado, denunció la vulneración del derecho a tutela judicial efectiva de los inmigrantes, elemento sustancial del sistema de protección previsto en la Ley de Extranjería: los jueces de Fuerteventura decidían el internamiento o la expulsión sin oír a los afectados y mediante autos sin motivación precisa.

Las instalaciones tienen un estatuto impreciso. No son centros de acogida destinados a una estancia temporal, y tampoco de internamiento equivalentes a prisiones, sino una especie de prolongación de la comisaría. Esta indefinición se presta a abusos, por un lado, y es propensa, por otro, a situaciones de rebeldía.

La retención no puede durar, según la ley, más de 40 días. En ese plazo, las autoridades tienen que poner a los inmigrantes irregulares en libertad o repatriarlos al país de origen. Esto último no es fácil ante personas indocumentadas. Y hay que obtener el acuerdo del país en cuestión para proceder a la entrega. En su primera comparecencia pública, en Canarias, el nuevo secretario de Inmigración ha dicho que el Gobierno se propone expulsar a todos los irregulares que pueda, pero las cifras que dio sobre el número de expulsados en lo que va de año (43.000) no encajan con el dato ofrecido ayer mismo en El Escorial por otro alto cargo de su departamento, José María Haro: que en 2001 el Gobierno sólo pudo ejecutar 3.000 de las 22.000 órdenes de expulsión.