La Comunidad contrató cursos por 700.000 euros a las mismas empresas del 'caso Imefe'
El Gobierno asegura que todas las adjudicaciones se realizaron por concurso público
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La Comunidad de Madrid contrató entre 1995 y 2000 decenas de cursos de formación para desempleados, por valor de 697.560 euros, con las mismas empresas relacionadas con el denominado caso Imefe. Estas empresas cobraron del Instituto Municipal de Empleo (Imefe), dependiente del Ayuntamiento de Madrid, cursos que luego no impartieron, les fueron adjudicados concursos sin tener casi plantilla y pertenecen a militantes del PP. Estos cursos están sufragados en parte por la Unión Europea. El Gobierno regional, del PP, aseguró ayer que todos los cursos fueron adjudicados en concurso abierto y que controló que todos fueran impartidos según las condiciones acordadas.
'Hemos comprobado que las mismas empresas que acumularon irregularidades en el caso Imefe fueron contratadas por el Gobierno regional para impartir cursos casi iguales durante el mismo periodo de tiempo', denuncia Antonio Carmona, diputado regional del PSOE.
Estos cursos fueron contratados por el Instituto Madrileño de Empleo (Imaf), una institución que ya no existe. Hasta septiembre de 2001, la Consejería de Economía gestionaba las competencias de empleo. En esa fecha, fue creada la Consejería de Trabajo, que asumió la gestión de las políticas de empleo y decidió disolver el Imaf.
Los socialistas no han podido demostrar que estas empresas cometieran con el Gobierno regional las irregularidades demostradas en el caso Imefe: cobrar cursos no realizados e hinchar el número de alumnos que asistían a ellos para cobrar más dinero. La directora general de Empleo, María Luisa García López, explicó ayer que 'el Imaf comprobó en todos los casos que los cursos se realizaron en las condiciones acordadas'.
Pese a eso, los socialistas ven 'preocupante que empresas de militantes del PP, sin apenas plantilla, e implicadas en un asunto tan grave hayan estado trabajando para la Comunidad. El PP debe explicar por qué', añadió Carmona.
Las compañías a las que hace referencia el PSOE son grupos de empresas muy pequeñas (en algún caso sin ningún trabajador) que se presentaban a los concursos con distintos nombres, pese a tener la misma sede social y los mismos dueños.
Compañías relacionadas
Uno de estos grupos es el formado por las firmas Prevecón, Ifomar -sancionada por cobrar un curso no impartido a reclusos-, Incof y Defoco. Entre los administradores de estas empresas figuran dos militantes del PP, uno de ellos Javier Alvear Fernández Segado.
En total, el Grupo Prevecón impartió cursos de la Comunidad por valor de 427.920 euros entre 1996 y 2000, según la documentación aportada por la Consejería de Trabajo. Tres de estos cursos fueron contratados por la Agencia Antidroga. 'Se cumplieron en los tres casos las condiciones fijadas en el concurso', explicó un portavoz de la Agencia Antidroga. Esta empresa ingresó 1,69 millones de euros del Imefe.
Otro de los grupos está formado por Eteca y Protec, que comparten la misma sede y cinco consejeros, entre ellos un militante del PP (Ángel Hernández Fernández). Eteca y Protec impartieron cursos para el Imaf por valor de 84.142 euros entre 1995 y 1996. En el caso Imefe, su facturación ascendió a 1.478.500 euros entre los años 1996 y 2001.
El tercero de los grupos relacionados con el caso Imefe que también ha sido contratado por el Gobierno regional es I3 Ingeniería Medioambiental, fundada por un ex militante del PP. Esta empresa fue contratada por la Consejería de Medio Ambiente en 1996 y 1999 para redactar dos proyectos de obras en Villamantilla y Chinchón, con un coste de 90.820 euros.
Un portavoz de Medio Ambiente explicó ayer: 'Esta empresa redactó los dos proyectos tras serles adjudicados sendos concursos en los que participaron otras empresas [17 en un caso y ocho en el otro] y que siguieron todos los cauces establecidos por la Ley de Contratos de las Administraciones públicas'.
En total, I3 Ingeniería Medioambiental y una empresa gemela, Laka, impartieron en el caso Imefe cursos por valor de 1,55 millones de euros cuando sólo contaban con tres empleados: un ingeniero / licenciado y dos auxiliares. La formación no constaba entre el objeto social de ninguna de estas dos compañías.
Bruselas sanciona a Madrid
El caso Imefe salió a la luz en enero de 2001, cuando EL PAÍS publicó que varias empresas participadas por militantes del PP habían acaparado entre 1995 y 2000 unos 1.400 millones de pesetas en cursos de formación para desempleados. Estas empresas apenas contaban con plantilla y en los concursos públicos competían con prestigiosas academias de formación. En los meses siguientes fueron haciéndose públicas más irregularidades: algunos de estos cursos ni siquiera se habían impartido y en otros las empresas cobraban dinero por más alumnos de los que en realidad asistían a clase. Además, se demostró que a veces los alumnos poco tenían que ver con el perfil profesional al que oficialmente iban dirigidas las clases. El propio Imefe sancionó posteriormente a una de estas empresas, Ifomar, por haber cobrado por impartir cursos de reinserción a reclusos que en realidad nunca existieron. Estos cursos estaban pagados parcialmente (entre un 30% y un 50% de su coste) por los fondos de la Unión Europea. Bruselas ha obligado al Ayuntamiento de Madrid a devolverle 4,1 millones de euros por estas irregularidades. Una investigación de la Cámara de Cuentas de la Comunidad -el organismo encargado de fiscalizar el dinero que gastan las administraciones públicas en la región- alertó en mayo de este año de que el Imefe no había controlado adecuadamente a las empresas implicadas para que llevaran a cabo los cursos en las mismas condiciones fijadas en los contratos de adjudicación. Además, la Cámara alertó de otras irregularidades en la gestión del Imefe, como el excesivo gasto en protocolo. El PSOE presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 23 de abril instándole a investigar estos hechos. La investigación aún no ha concluido. El caso Imefe costó el cargo a dos altos cargos municipales, aunque su presidenta, María Antonia Suárez, sigue el el cargo pese a las reiteradas demandas de la oposición para que sea relevada. El gerente del organismo, Ricardo Pey-dró, sí dimitió. Abandonó el cargo en mayo de 2001 y fue sustituido por Jorge Travesero. Cuatro meses antes, el 2 de febrero, el Ayuntamiento de Madrid destituyó a un alto cargo adjunto a Pey-dró, José Luis Solana, por su presunta relación de amistad con uno de los propietarios de las empresas beneficiadas en las adjudicaciones.
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