Sociedad de los Ciudadanos

Cuando en 1917 Lenin aspiraba a convertirse en el hijo salvador de la 'madre Rusia', la secuencia del genoma humano se encontraba en un proceso de gestación al que le restaban 80 años para ser, siquiera tímidamente, alumbrada . Con esa falta de información, no es de extrañar que Lenin pensase que todos los rusos debían ser iguales y que por ello, probablemente con buena fe, sentase las bases de unas políticas de igualación que, también 80 años más tarde, han conseguido sustituir a la oligarquía de la nobleza y los terratenientes por la de los magnates y señores del petróleo, el gas, los metales, la electricidad, las finanzas, la mafia, etc. En el camino, millones de víctimas. Menos justificable todavía es que, con la enorme información que hoy día nos proporciona Internet sobre el genoma, contemporáneos como Castro y Kim Jong-il continúen aplicando la guillotina social bajo la bandera de la igualación.

Desde una versión occidentalizada, sociedad es un término bajo el que, cual alfombra, se suele esconder la falta de rigor y de precisión de muchas políticas públicas. Los devotos de su uso a mansalva, esgrimen el bien social como un ente sobre el que se actúa para redistribuir la riqueza y recomponer la justicia mediante procesos cuantitativamente de suma cero, pero que cualitativamente optimizan un desequilibrio existente. Aquí, y ahora, parece ser que la sociedad tampoco se crea ni se destruye individualmente, tan solo se transforma colectivamente, a pesar de los miles de sites sobre el genoma y de la diligencia de algunos buscadores.

Resulta un tanto grotesco que concedamos a la tecnología de los chips la posibilidad de anunciarnos que se ha terminado la leche en la nevera, incluso indicar a qué colector de basura fue a parar el último envase, y que neguemos su aplicación en cometidos políticamente relevantes. Cualquier tarjeta inteligente de tipo medio puede almacenar el historial sanitario de un ciudadano, su situación efectiva ante la seguridad social y la hacienda pública e, incluso, ante la autoridad de tráfico y las farmacias.

Frente a esta catarata de información individual potencial, coexistente con la disponibilidad de potentes motores de almacenamiento / procesamiento y sistemas de seguridad, existe una corriente generalizada entre los responsables de los presupuestos públicos encaminada a la regresividad de los sistemas fiscales, menos tramos en los impuestos directos, bajo la excusa de la complejidad de su gestión y, por ende, de la pérdida de eficacia recaudatoria. Desde la coartada de que el equilibrio presupuestario social prima sobre el ciudadano contribuyente, se intenta justificar el brochazo sobre el pincel fino y la injusticia sobre la justicia. De especial notoriedad es el silencio mantenido ante este debate, tan internacional como amplio en su espectro político, desde los partidos supuestamente alineados con la izquierda radical. En su concepción actual, la gestión del principio de universalidad aplicado a las políticas relativas a la sanidad, educación y servicios sociales, esconde inconsistencias sólo evidenciadas por la indignación que siente el ciudadano medio cuando repasa la publicación de la lista de los mayores contribuyentes al fisco.

La identificación de la situación patrimonial de cada ciudadano, posibilitada desde una estructura tecnológica básica, debe ser el garante de derechos individuales que se soportan con recursos escasos. Este no es un proceso de suma cero, sino que contribuye a la robustez del Estado de bienestar ante un determinado presupuesto, por la fiabilidad procesal en la verificación de la cualificación de los perceptores.

Cuando las recompensas se aseguran de manera indiscriminada y permanente, con independencia de las posibilidades presupuestarias reales, se contribuye al fomento de la inequidad y a la devaluación del mérito, a medio y largo plazo. Incluso con el mayor rigor en la gestión de los sistemas públicos de pensiones, la UE debe afrontar, en espera de que los mercados bursátiles recobren su eficiencia, políticas comunes en materia de incentivos a la suscripción de planes de pensiones individuales, siguiendo las pautas del Reino Unido y Holanda y, fuera de la Unión, de Suiza y EE.UU. La subsiguiente y específica armonización contributiva, debería correr mejor suerte que las, hasta ahora, fracasadas en los campos generales de la imposición sobre la renta y sobre sociedades.

Pensar que la emigración, carente por otra parte de una política común que la ampare, será la fuente financiera de las pensiones de los europeos que ahora tienen menos de 50 años, supone, además de un saprofitismo inmoral, destilar cloroformo colectivo de baja intensidad. Las dificultades sociales que Alemania, Francia e Italia están teniendo para avanzar, siquiera tímidamente, hacia el realismo, sugiere que este esfuerzo deba ser promocionado desde una institución que, hasta ahora, ha concretado sus mayores éxitos en materia económica y que debe iniciar una etapa de avance radical y posibilista en lo social.

Por otra parte, para millones de ciudadanos, la vivienda, adquirida mediante sus ahorros, es el activo fijo más valioso de cara al futuro. Complementar los futuros ingresos por jubilación, basados en un sistema público de reparto, con un proceso de aportaciones a fondos de capitalización privados, supone un acto de responsabilidad individual que debe ser estimulado desde la esfera política.

Esta tarea de responsabilizar al ciudadano en el marco de la colectividad supone, también, otorgarle capacidad de elegir sus opciones de futuro escolar y universitario en cada fase de su educación con la ayuda subsidiaria, pero irrenunciable, de los padres a la hora de tomar decisiones críticas. Lo 'acientífico' de las decisiones que uno toma a los 12 años sobre su inmediato futuro escolar no es, como muchos sabemos por experiencia, mejorado cuando a los 17 debemos elegir nuestros estudios universitarios. Lo importante es disponer de alternativas de elección, de vías de corrección basadas en criterios de racionalidad y de ejercer un derecho universal basado en principios de responsabilidad individual.

Las empresas están acostumbradas a pensar en términos de empleados, clientes, proveedores, etc. Por eso, aun siendo ambas complementarias, la microeconomía empresarial es mucho más eficiente para el ciudadano medio que la macroeconomía instrumentada desde los ministerios de finanzas y desde los bancos centrales. Si a la importante labor de controlar el déficit presupuestario y la inflación, añadiésemos alguna dosis de imaginación para identificar las singularidades y potencial de la ciudadanía, el Estado de bienestar europeo sería más ecuánime, al dedicar la mayor parte de sus recursos a los más necesitados, y acotaría el despilfarro, asegurando su viabilidad financiera en el tiempo.

La política debe incorporar la cara y los ojos de los ciudadanos, tarea que deviene difícil cuando pensamos en la proliferación de sistemas electorales basados en listas cerradas de candidatos y en la elección indirecta del máximo responsable ejecutivo.

José Emilio Cervera. Economista y ex eurodiputado del CDS (jecervera@mixmail.com)