Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Todas las medidas de choque contra la violencia doméstica anunciadas por Olivas están en vigor

La oposición denuncia el 'oportunismo' y la 'improvisación de un gobierno provisional'

La reciente sucesión de casos de violencia doméstica registrados en la Comunidad Valenciana derivaron en el espectacular anuncio por parte del presidente de la Generalitat, José Luis Olivas, de la inminente puesta en práctica de un plan de choque para paliar la situación y el sufrimiento de las víctimas en la medida de lo posible. Sin embargo, un análisis somero de las propuestas formuladas por Olivas revela que todas ellas están en vigor y fueron aprobadas por el Consell hace apenas unos meses. Otra cosa es que jamás se hayan aplicado.

El presidente de la Generalitat aprovechó la jornada del domingo para visitar en el hospital a los dos niños de cuatro y ocho años que fueron apuñalados por su padre en Valencia el pasado jueves, al parecer debido a la intención de la madre de separarse. Olivas se descolgó con una ambiciosa propuesta para atajar en la medida de lo posible los casos de violencia doméstica y para impulsar toda una serie de ayudas a las víctimas. Sus propuestas respondían a las exigencias de la oposición al respecto formuladas a lo largo de la semana pasada, pero no entrañaban ninguna novedad más allá de la solemnidad de la declaración.

El Consell aprobó el pasado 30 de enero, cuando Olivas ejercía como vicepresidente, un denominado plan de medidas urgentes contra la violencia de género con una dotación presupuestaria de casi 16 millones de euros que incluía acciones concretas en cuatro ámbitos: jurídico, sanitario, asistencial y policial.

La partida más importante del plan urgente se centraba en el aspecto asistencial. Desde su aprobación no se han levantado centros de atención urgente ni de seguimiento y tratamiento posterior a las agresiones para recuperar a las víctimas. De hecho, el grueso del paquete económico pretendía extender los servicios de telealarma para que las víctimas potenciales pudieran denunciar situaciones de riesgo. Pero los servicios de teleasistencia apenas empiezan a desarrollarse.

Las partidas encaminadas a los aspectos jurídicos, sanitarios y policiales del plan urgente contra la violencia doméstica eran testimoniales.

En materia jurídica, de hecho, el impulso de los juicios rápidos depende de leyes estatales en tramitación que no entrarán en vigor hasta la primavera del año próximo.

Pero el propio Consell aprobó a finales de enero un reglamento que garantizaba a las víctimas de violencia doméstica el derecho a la totalidad de las prestaciones jurídicas, incluido el derecho a un abogado y un procurador pagados por el erario público en caso de necesidad. El propio Olivas subrayó el domingo que muchas víctimas de violencia doméstica carecen de asistencia jurídica gratuita porque sus denuncias son consideradas faltas, y no delitos, por la autoridad judicial.

La oposición recuerda que los juzgados de malos tratos en la Comunidad Valenciana fueron clausurados por el Consell a principios de año debido a la falta de medios. Y, ante las propuestas pergeñadas por Olivas el pasado domingo, las críticas fueron unánimes.

Consuelo Catalá, diputada socialista en las Cortes Valencianas, denunció el 'oportunismo' de las declaraciones del presidente de la Generalitat y puso el dedo en la llaga cuando calificó el renovado paquete como 'las medidas improvisadas de un gobierno provisional'.

Catalá sugirió que el propio presidente de la Generalitat confiesa públicamente que nunca se han aplicado las medidas aprobadas el pasado mes de enero, de otra forma 'no las daría como novedosas'. Y lamentó que el proceder del Consell apenas consigue 'desconcertar' a las víctimas.

Dolors Pérez, de Esquerra Unida, también apuntó el oportunismo de Olivas al anunciar como novedosas medidas en vigor. 'Ahora, en un momento de especial incidencia de la violencia contra las mujeres, el PP se descuelga, como es su costumbre, con un nuevo plan de choque que contiene medidas que ya hace mucho tiempo que deberían estar aplicándose', resumió Pérez.

Al margen del debate político la jornada deparó una buena noticia en relación con una víctima directa. El niño de ocho años apuñalado el pasado jueves en Valencia dejó ayer la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de Valencia para ser trasladado a la planta de pediatría. Su hermano pequeño, que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras la agresión, permanece en la UCI en situación estable dentro de la gravedad, según informaron ayer fuentes hospitalarias.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 3 de septiembre de 2002