Polémica por el supuesto traslado de inmigrantes tras estar internados

Comisiones Obreras (CC OO) denunció ayer que el Gobierno ha trasladado a Barcelona en los últimos días a 15 inmigrantes en situación irregular desde la isla canaria de Fuerteventura y después de que éstos pasaran 40 días en centros de internamiento. El sindicato considera que los sin papeles llegan a Barcelona tras ser obligados a un viaje rocambolesco, pero la Delegación del Gobierno en Cataluña niega categóricamente los hechos.

A finales del pasado mes de junio trascendió que el Ministerio del Interior trasladó a diversas ciudades de la Península a decenas de inmigrantes desde las islas Canarias. En aquella ocasión, sin embargo, el traslado se realizaba dentro de los 40 días en los que como máximo puede estar internado en un centro para inmigrantes una persona que se encuentre en España en situación irregular. El caso que ayer denunció Comisiones Obreras es mucho más grave porque se trata de un supuesto traslado que pudo haberse producido tras acabar este periodo de 40 días que establece la Ley de Extranjería.

Según este sindicato, en las últimas semanas se han producido 15 traslados de ciudadanos procedentes de Camerún y de Ghana. El responsable de migraciones de CC OO, Ghassan Saliba, explicó ayer que la llegada de los 15 inmigrantes a Barcelona se produjo después de un viaje rocambolesco. Dos de los afectados acudieron a este sindicato para relatar que este grupo de inmigrantes cumplió los 40 días de internamiento en el centro de Fuerteventura y que después viajaron en avión hasta Málaga. De allí, siempre según el relato de los supuestos afectados, fueron conducidos a Algeciras en vehículos policiales, y desde aquella ciudad viajaron en autocar hasta Madrid. Ya en la capital de España volvieron a ser obligados a subir a otro autocar hasta Barcelona, donde se les comunicó que su viaje había finalizado. Comisiones Obreras asegura que a los afectados no se les comunicó en ningún momento que pesaba una orden de expulsión sobre ellos.

La Delegación del Gobierno en Cataluña, al frente de la cual está Julia García-Valdecasas, negó categóricamente los hechos. Un portavoz oficial recordó que el internamiento de un inmigrante en situación irregular se efectúa bajo control judicial y que la ley no permite que, una vez finalizado este periodo máximo de 40 días, se obligue a ninguna persona a viajar por diversos lugares de la Península. 'Las arcas del Estado, además, no están como para pagar tantos billetes', aseguró de manera irónica el mismo portavoz.

Las mismas fuentes explicaron que concluido ese periodo, el inmigrante es una persona que goza de total libertad y que eso no implica que no se siga tramitando contra él el proceso de expulsión. En algunas ocasiones tarda más de un año en materializarse la salida de la persona afectada, pues no se concreta hasta que el país de destino muestra su disposición a acoger al inmigrante que es expulsado de España.

Comisiones Obreras denuncia que a principios de verano el Gobierno y la Generalitat pactaron la creación de 300 plazas para acoger a inmigrantes y que se ha hecho bien poco para empezar a hacerlo realidad. El sindicato considera, además, que este traslado de sin papeles no hace sino 'solucionar el problema de Canarias al pasarlo a otras comunidades autónomas, sin ningún tipo de coordinación con las instituciones, sin información y sin ningún programa de apoyo' para los afectados.