El TSJ anula la nueva zona lúdica del puerto de Guardamar del Segura

El controvertido proyecto para construir un complejo lúdico sobre 31.000 metros cuadrados de suelo junto al puerto deportivo de Guardamar del Segura no saldrá a la luz. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha resuelto 'anular los actos administrativos' por los que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, aprobó el pliego de condiciones del concurso y su adjudicación. En la sentencia el TSJ considera que dichos actos 'son contrarios a derecho' y estima las alegaciones que en su día presentó el PSPV.

Cuatro son las consideraciones que ha seguido el Tribunal Superior de Justicia para dictar un fallo favorable al recurso interpuesto por el PSPV: la indefenición del objeto del proyecto, la ausencia de una fianza acorde con la envergadura de este programa, la imprecisa clasificación del contratista y la inexistencia de parámetros urbanísticos que permitan controlar el uso del suelo. Estas anomalías llevaron a los socialistas a alegar contra el pliego de condiciones del concurso y contra su posterior adjudicación a la empresa Alfa Noray, pero ambas impugnaciones fueron desestimadas por el consistorio, en sendos plenos celebrados el 26 de enero de 1999 y el 28 de abril de 2000.

La pretensión del equipo de gobierno era reservar un terreno de 31.000 metros cuadrados del puerto deportivo para construir un complejo lúdico junto a la desembocadura del río, pero la imprecisión del proyecto desató las sospechas de la oposición.

El portavoz del PSPV, Manuel Aldeguer, vio en la escasa transparencia seguida por el consistorio un motivo para conjeturar que 'detrás podía haber corruptelas e intereses ocultos, ya que no se indicaban las condiciones técnicas ni las características que tendría ese complejo'. Esta ambigüedad derivó hacia un planteamiento urbanístico que el PSPV tachó de 'pelotazo' ya que el Ayuntamiento efectuaba una concesión administrativa de ese terreno público por un plazo de 75 años a cambio de una percepción económica 'irrisoria': 1.322.000 euros, 120 millones de pesetas.

Según consta en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), la fianza que el Ayuntamiento le reclamaba a la empresa también era claramente inferior a lo que estipula la ley. El consistorio se conformaba con 60.000 euros, unos diez millones de pesetas, en lugar de exigir a Alfa Noray el 4% del importe de la inversión prevista, que ascendía a 6.000 millones de pesetas, 36 millones de euros, y habría supuesto unos ingresos de 1,4 millones de euros a las arcas municipales.

El proyecto, además, contradecía las consideraciones de la consejería de Medio Ambiente, que el 23 de octubre de 1998 emitía un informe donde acotaba este espacio como 'suelo público' destinado a 'equipamientos y dotaciones del puerto deportivo'. Esta clasificación implicaba que sólo se admitirían 'aquellas construcciones necesarias para el normal funcionamiento y explotación del mismo'. Pese a ello el equipo de gobierno, del PP, admitió el proyecto de una mercantil que planteaba edificar cuatro torres de apartamentos turísicos con once plantas de altura cada uno de ellos.

El TSJ admite buena parte de estas irregularidades denunciadas por el PSPV y hace hincapié en la nula claridad del pliego de condiciones a la hora de especificar en qué consistiría el complejo lúdico previsto en ese espacio. Una imprecisión que, según Aldeguer, 'les daba carta blanca para modificar a su antojo el proyecto y cambiar el uso del suelo con total impunidad'.

El PSPV aprecia además en la operación urbanística ciertos aspectos turbios ligados a la concesión para explotar el astillero del puerto. Según el portavoz socialista, Manuel Aldeguer, al concurso se presentaron dos mercantiles: Alfa Noray Internacional SL y Sport Asociados Guardamar SL. Sin embargo, inesperadamente, esta última empresa se retiró del concurso antes de que se procediera a la votación de las plicas y poco después el administrador único de esta compañía, Farkhad Abbasov, recibió la concesión para explotar el astillero del puerto. La concesión del astillero fue denunciada por otro constructor naval, Teodoro Moraga, quien aseguró que se cometieron numerosas irregularidades.