El cangrejo ermitaño

En el abanico de declaraciones contrarias a la ilegalización de Batasuna destaca sin duda, en el plano de lo grotesco, la efectuada por el número dos del PNV, Joseba Egibar. Recupera el argumento expuesto en el Congreso por el airado Iñaki Anasagasti, en el sentido de que este proceso de ilegalización es el punto de arranque para una escalada represiva, con el propio PNV en el punto de mira, que incluye el encarcelamiento del grupo de dirección batasuno, nada menos que con el fin de culminar en la ceremonia de entrega del Nobel a Garzón y en el Estadio Bernabéu. Como alarde de imaginación, la gracia no da ni para chascarrillo de batzoki, pero, igual que las declaraciones sobre el supuesto atropello a la democracia del consejero de Justicia, sirve de advertencia sobre lo que cabe esperar en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales y de los autos judiciales por parte del Gobierno vasco. Lo más probable es que nos encontremos ante una reedición en forma de triste caricatura del 'se obedece, pero no se cumple', o, si se quiere, de la ejecución de las órdenes al modo del soldado Schweick, con el objeto de resaltar la incongruencia de lo mandado al mismo tiempo que se crean las condiciones para que Batasuna, a pesar de las sedes cerradas, cumpla lo esencial de su actividad. La autorización de la manifestación de protesta convocada por 'dos particulares' el domingo sería el primer signo de esa actitud.

Significativamente, ninguno de los adversarios de la ilegalización se plantea la cuestión esencial: si Batasuna es realmente un partido político o si, en verdad, como sostiene en el plano jurídico el juez Garzón, y como veníamos apuntando desde hace tiempo con menos datos los estudiosos del tema, nos encontramos ante un falso partido que sólo lo es de forma, ya que en realidad constituye la simple fachada legal de la organización terrorista, que gracias a Batasuna penetra en la sociedad civil y conjuga distintos niveles de acción terrorista con una intimidación de tipo nazi. Es el instrumento político privilegiado de la 'constelación ETA'. Por lo cual, mantener la legalidad de Batasuna equivale a admitir una ETA legal, ya que no se da una simple convergencia de objetivos o colaboración política, sino la pertenencia a una misma estructura. Cuando tras la matanza de Hipercor el líder de Hasi, antecedente de la Batasuna de hoy, se mostró contrario al acto de barbarie, secundado por otros militantes como la hija de Santi Brouard, no le quedó otro remedio que dejar su puesto en silencio, irse sin decir ni pío por orden superior. La pipa mandaba y manda. Un ejemplo entre muchos, y Garzón los cita. Otra cosa es que, del mismo modo que resultó en su tiempo muy arduo desmontar los tinglados económico-criminales del gansterismo, lo sea actualmente hacer encajar en las leyes penales al complejo político-terrorista. Ahí reside el punto débil de la actual ofensiva judicial contra ETA, que puede encallar en el Constitucional o en Estrasburgo, igual que los jueces se estrellaron una y otra vez contra Al Capone. Pero eso no borra el fondo de justicia en el procedimiento.

Claro que, si damos por bueno que Batasuna es un partido como otro cualquiera, como hacía aquí recientemente Javier Pérez Royo de forma dogmática -'en la persecución de Batasuna se está cancelando el sistema de división de poderes de la Constitución'- e hiriente -el auto de Garzón 'parece escrito por un funcionario del Ministerio del Interior'-, toda actuación contra el complejo ETA resulta imposible, ya que éste se ha configurado específicamente para burlar los supuestos de la ley. Es la versión política del cangrejo ermitaño, atrincherado en la concha del caracol. Un dirigente de la Mesa de Batasuna puede o no estar al corriente de lo que tiene lugar en un centro de decisiones situado, como plantea Garzón, fuera del partido. Los dirigentes reales del complejo no tienen por qué ser quienes salen en la foto, y por eso la aplicación literal de la norma propuesta por Pérez Royo puede desembocar en un puro despropósito. 'No se puede llegar en ningún caso -sentencia el político-jurista sevillano- a la conclusión de que Batasuna es ETA'. Conclusión: se ha dicho siempre que la justicia debe ser ciega, pero, obviamente, no en el sentido de que se proponga ignorar la realidad sobre la que tiene que actuar.

Antonio Elorza es catedrático de Pensamiento Político de la Universidad Complutense de Madrid.