Seis mujeres más

Seis en este mes de agosto, 31 en lo que va de año. Por lo menos una mujer muere cada semana a manos de su marido o su compañero; a veces, dos; lo cual significa que, en número de víctimas, estamos donde estábamos. Los dos planes nacionales contra la violencia doméstica aplicados en los últimos años han supuesto un importante avance en el abordaje del problema, pero no han sido suficientes para incidir en los resultados del terrible daño social que tratan de combatir.

Seis años después de haberse iniciado el primer plan nacional, es ya palmariamente evidente que las actuaciones emprendidas no han logrado reducir el número de víctimas, luego es necesario repensar el problema y ver en qué se está fallando. Es cierto que muchas más mujeres denuncian ahora los malos tratos (25.000 cada año), que muchos más casos llegan a juicio y que ahora existen servicios sociales, aunque menos de los necesarios, para acoger a las mujeres maltratadas, pero siguen muriendo tantas mujeres como morían. En la mayoría de los casos, las víctimas habían presentado múltiples denuncias contra el agresor sin obtener la protección necesaria.

Eso significa que los organismos públicos -desde la justicia a las fuerzas del orden público y los servicios sociales- no han sido capaces de garantizar una tutela efectiva del derecho no sólo a vivir sin amenazas, sino el derecho a la integridad física, a la vida. Hasta 11 veces había denunciado a su ex marido la última víctima, una mujer de Valencia atenazada por el miedo. Ni siquiera el hecho de que sus padres fueran a vivir con ella para protegerla pudo evitar el crimen. En cualquier caso, no es la víctima la que tiene que procurarse protección por su cuenta. No estamos en el viejo Oeste americano.

No existen recetas mágicas para un problema que hunde sus raíces en arraigadas taras culturales y que no es, como podía parecer, el último coletazo de un machismo en declive. Lo que está claro es que hay que actuar con mayor contundencia, con medidas educativas y sociales, para cambiar las bases culturales que lo hacen posible, pero, sobre todo, con medidas que garanticen de forma eficaz la protección de las mujeres amenazadas en ese lapso de tiempo que va del 'te voy a matar' al 'te mato'. Además de la modificación del Código Penal en trámite parlamentario para que la justicia sea más rápida, sería necesario endurecer la sanción penal de las amenazas, porque el actual tratamiento favorece la sensación de impunidad por parte del agresor; garantizar una red suficiente para cobijar y, si es necesario, ocultar a la mujer amenazada, y adoptar medidas económicas. Convendría estudiar la posibilidad de concederles un seguro de desempleo -o su equivalente, en determinados casos- que permita a la mujer huir realmente del círculo de dependencia que la mantiene atada al agresor.