La juez exige a Hacienda que presente el informe del 'caso Olé'

La juez que investiga la venta a Telefónica del buscador de Internet Olé -el embrión de Terra- ha dictado un auto en el que exige a Hacienda que presente cuanto antes un informe encargado hace 21 meses para aclarar si los beneficiarios cometieron delito fiscal. La juez ha dado un nuevo impulso a la instrucción apremiada por el abogado del Estado. En el caso están implicados, entre otros, el ex consejero de Telefónica Martín Velasco, el fundador de Olé, Pep Vallès, y el ex alto cargo de la Generalitat Josep Antoni Plana Castellví.

En 1999 el buscador tuvo una revaloración espectacular y casi todas las operaciones se realizaron en el extranjero. Los propietarios de Olé, que habían adquirido el producto a la Generalitat por 1.202 euros, crearon una sociedad en Luxemburgo junto con el ex consejero de Telefónica Martín Velasco y se autovendieron el buscador por 18.030 euros.

Pocos meses después, Telefónica gastó 18 millones de euros en comprar el buscador y recompensó a sus promotores con derechos sobre acciones de la futura Terra, que al cierre de ayer tendrían un valor de 28 millones de euros. Todos los beneficios fueron a nuevas entidades creadas en Luxemburgo -Infosearch-, Bélgica -Odissea- y Suiza -Fundación Infantia.

En noviembre de 2000, el juzgado de Barcelona que investiga el caso reclamó a Hacienda que elaborara un informe para esclarecer si en la operación hubo delito fiscal, pero 21 meses después la Agencia Tributaria todavía no lo ha presentado. A pesar de que los sucesivos cambios de juez han originado largos periodos de parálisis en la instrucción, el fiscal también ha apreciado indicios de delito. Por ello ha reclamado la imputación del ex director de la Fundació Catalana per a la Recerca (FCR) Josep Antoni Plana Castellví por supuesta apropiación indebida al dar el visto bueno a la primera venta del buscador sin el preceptivo permiso del patronato de la entidad. En el sumario, éste sigue como testigo.

Caso vigente

El abogado del Estado, que se había mantenido hasta ahora al margen del proceso, remitió el pasado mes de junio un escrito a la juez, coincidiendo con el creciente distanciamiento entre el Gobierno central y el de la Generalitat. El texto defiende que el caso sigue plenamente vigente, en contra de las argumentaciones de los imputados, y pide que se exija el informe de Hacienda. Esto es lo que ha hecho la magistrada en un auto del pasado 5 de julio.

En su escrito, el abogado del Estado rechaza que el caso pueda cerrarse porque considera 'necesario comprobar si la interposición de personas jurídicas extranjeras y de naturaleza fundacional en algunos casos tuvo como único o principal motivo la elusión de impuestos'.

El abogado subraya que las calificaciones jurídicas no prescriben y deja claro con ironía que las cantidades que se manejan son susceptibles de representar delito fiscal: 'Cualquier persona mínimamente ilustrada, cual es el caso de los querellados, puede conocer, a la vista de los hechos que se imputan, que percibidos 12 millones de euros (o más) por algo que se compró por 1.202 euros, respecto de los que no se ha tributado en España, la cuota presuntamente defraudada pasaría claramente de los 90.000 euros [límite para el delito fiscal]'. Los 12 millones de euros citados no incluyen la inmediata ampliación de capital por otros 6 millones de euros ni las opciones sobre acciones.

En su texto, el abogado del Estado reclama que todas las actuaciones se trasladen también a los servicios jurídicos de la Generalitat, que ha tratado de mantenerse al margen del proceso a pesar de que Olé se creó con fondos del Gobierno catalán. El Ejecutivo de Jordi Pujol ha pedido una indemnización a Josep Vallès, pero la izquierda y el PP presionan para que se persone en el caso.

El auto de la juez acepta todas las peticiones del abogado del Estado y reclama a la Agencia Tributaria que 'a la mayor brevedad posible emita informe acerca de las consecuencias tributarias de la venta de Olé al Grupo Telefónica'. También da traslado de las actuaciones a los servicios jurídicos de la Generalitat.