Auto de choque

En el pleno parlamentario del lunes sobre la ilegalización de Batasuna, ninguno de los grupos que se abstuvieron o votaron en contra de la aplicación de la Ley de Partidos -en el ejercicio de un legítimo y democrático derecho a discrepar de la mayoría- defendió abiertamente el mantenimiento de la legalidad de esa formación pase lo que pase. Incluso expresaron su apoyo a la ilegalización por la vía penal; es decir, si se demostrase en sede judicial que forma parte de un entramado claramente delictivo. Y eso es, justamente, lo que se demuestra en el auto del juez Garzón.

Sus casi cuatrocientos folios se fundamentan en la sistematización de datos aportados por la policía, y en particular en un informe, fechado en julio pasado, de la Unidad Central de Inteligencia. Algunos de esos datos -tomados de boletines internos de ETA, transcripciones de conversaciones, actas de reuniones- eran desconocidos, pero otros habían aparecido en la prensa o en libros recientes. Y era de conocimiento público que Batasuna presentaba casi siempre a presos de ETA en sus listas electorales. En las municipales de 1995, por ejemplo, hubo 32 presos en las candidaturas, según recoge el escrito del instructor.

La novedad no es tanto los datos como su sistematización. Leído de seguido, lo que más choca del auto es la transparencia de los jefes de ETA: les parecía tan natural que la vanguardia armada dirigiera todo el tinglado, incluyendo un partido que competía en las elecciones y cobraba subvenciones públicas, que dejaban constancia escrita de ello. Sólo muy recientemente, cuando Garzón se acercaba a lo que buscaba, tomó esa vanguardia decisiones como la de enmascarar, primero, y negar, más tarde, la existencia de KAS, la coordinadora utilizada por ETA para ejercer el mando. Fue Arnaldo Otegi el que, a finales de 1998, informó de que hacía años que KAS había desaparecido, cosa que se ignoraba; a fines de 1999 aparecía Ekin, que asumió, según Garzón, las mismas funciones.

Episodios como la intervención directa de ETA en los congresos del partido Hasi, núcleo ideológico duro de la vieja Herri Batasuna, incluyendo las purgas fulminantes, se conocían por las memorias de algunos protagonistas y otras fuentes. Pero el auto incorpora actas de numerosas reuniones de KAS que revelan el modo de funcionamiento. Todos tienen voz, pero la última palabra la tiene ETA. Su intervención se extiende a los nombramientos de directivos de medios de comunicación, y hasta al estilo poco entusiasta de algún locutor de uno de esos medios. También hay papeles relacionados con la participación de personas de la trama civil en el cobro del llamado impuesto revolucionario, y evidencias sobre una financiación de doble dirección: la rama ilegal financia iniciativas legales, pero a partir de un momento dado los beneficios de ciertos montajes legales sirven para financiar actividades ilegales, según se desprende del auto.

Lo que se deduce del conjunto no es tanto que ETA y Batasuna sean lo mismo, sino que ambas estructuras forman parte de un entramado común dirigido por ETA; pero esa ETA dirigente puede estar formada por miembros de los comandos y otras personas que no se dedican a eso. Ésa es la hipótesis de fondo de Garzón.

El auto tiene efectos inmediatos, aunque haya recursos. La ejecución de la sentencia -que en el País Vasco corresponde a la Ertzaintza en funciones de policía judicial- había planteado inquietudes políticas, a la vista de algunos gestos rupturistas del PNV en los últimos meses. Sin embargo, tal como adelantó el lehendakari y defendió el diputado Anasagasti en el pleno, el Gobierno de Vitoria 'aplica la ley, como no puede ser de otra manera', y en este caso la resolución judicial. Los desalojos de las sedes de Batasuna en las capitales vascas por parte de la Ertzaintza provocaron ayer varios incidentes, pero no las catástrofes que algunos habían augurado.

Lo más importante es la actitud política de las autoridades vascas. Una negativa a actuar, como le exigían los dirigentes de Batasuna, sería equivalente a una declaración de rebeldía: al conflicto. El PNV, un partido con vocación institucional y tradición democrática, se habría separado de su electorado de haberse resistido a ejecutar la sentencia. La divergencia política con una iniciativa como la Ley de Partidos, o la jurídica con la del juez Garzón, no debe ser incompatible con el acatamiento de la legalidad. Ésa fue la doctrina del PNV tras la aprobación de la Constitución. El diputado nacionalista Iñaki Anasagasti declaró ayer que quizá 'deberíamos volver al Pacto de Ajuria Enea'. Sería un efecto colateral muy beneficioso de la iniciativa del juez Garzón.