El Gobierno vasco acusa a PP y PSOE de romper el entendimiento entre los demócratas

El Gobierno vasco reaccionó ayer con contundencia a la decisión del Congreso de instar a la ilegalización de Batasuna porque, según el portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Jon Imaz, supone la 'fractura del clima de entendimiento' entre las fuerzas democráticas vascas. Imaz hizo responsables de esta ruptura al PP y al PSOE, y les advirtió de que el proceso abierto contra la formación aberzale 'no será beneficioso' porque 'nos aleja de la paz'.

El Ejecutivo vasco cree 'roto' el 'camino de colaboración' emprendido por los partidos democráticos vascos contra el terrorismo de ETA y su entorno violento. Imaz declaró ayer en San Sebastián que la decisión de ilegalizar a Batasuna por la vía legislativa, apoyada el lunes en el Congreso por el PP y el PSOE, entre otros partidos, representa la 'fractura del clima de consensos y cierta complicidad política' creado durante el primer trimestre de este año entre las fuerzas democráticas.

En clara alusión a socialistas y populares, Imaz lamentó la 'aprobación unilateral' por parte de 'determinadas formaciones políticas' del proceso para ilegalizar a Batasuna. A su juicio, esta decisión echa por tierra la unidad democrática alcanzada entre los partidos en las mesas del lehendakari y de Arkaute para combatir juntos el terrorismo de ETA.

Imaz siguió el guión marcado por el lehendakari Ibarretxe para criticar la ilegalización y afirmó con firmeza que el Gobierno y el Parlamento autonómicos, así como 'una amplia mayoría de la sociedad vasca', entre la que incluyó a 'una parte significativa' de los votantes del PP y del PSE-EE, están en contra de esta medida. Dejar fuera de la ley a Batasuna, a juicio de Imaz, supone 'lanzar a la clandestinidad política a una parte de la sociedad vasca' y puede traer consecuencias 'negativas'.

El portavoz del Gobierno vasco aseguró que 'estas decisiones' -la adoptada por el Congreso y la resolución judicial de Garzón- provocarán un 'cierre de filas' de los grupos que estaban distanciándose de la línea oficial de Batasuna y el 'fortalecimiento de los sectores más radicales' de esa formación. Imaz reiteró la inoportunidad de ambas medidas, pues se producen en un momento en el que Batasuna se encuentra inmersa en 'un declive electoral evidente con escisiones internas' que le llevaron a perder la mitad de sus votantes en las pasadas elecciones autonómicas.

Imaz finalmente declinó valorar la repercusión que tendrá el proceso abierto contra Batasuna en un recrudecimiento de la actividad terrorista. Horas después de que ETA colocara una bomba junto a los juzgados de Tolosa (Guipúzcoa), Imaz se limitó a afirmar que ETA tiene 'una lógica diabólica bastante más compleja que la que podemos aplicar en estos momentos'.

También se refirió a la tardanza con que actuó la Ertzaintza respecto al Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en la ejecución del auto de Garzón ordenando el cierre de todas las sedes de Batasuna. Imaz justificó la tardanza a la 'complejidad operativa notablemente superior' del País Vasco respecto a Navarra. El retraso se debió a cuestiones relacionadas con 'los recursos humanos y materiales necesarios' para aplicar la resolución judicial. 'No cabe ninguna otra interpretación política', aclaró Imaz unas horas antes de que la policía vasca procediera por la tarde a clausurar los locales de Batasuna.

El portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, manifestó por su parte al referirse a la ofensiva contra Batasuna que 'el pacto de Ajuria Enea fue un fracaso, pero fue una ilusión que se despertó, y quizá debíamos volver a ese tipo de terapia, que es mucho más lenta y eficaz que en lo que en este momento se lleva'. Anasagasti dijo que Otegi, el dirigente de Batasuna, 'no argumenta que todo esto ocurre porque no han tenido la decencia de condenar el atentado de Santa Pola; detrás de Batasuna no hay una ideología moral ni humanística sino totalitaria'.

El ministro de Justicia, José María Michavila, consideró ayer que el Gobierno vasco ahora 'tiene una gran oportunidad para colaborar con el Estado de derecho'. En el mismo sentido se pronunciaron el secretario general del PP, Javier Arenas, y el presidente de ese partido en el País Vasco, Carlos Iturgaiz.

El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, hizo hincapié en la 'normalidad democrática' tras la decisión del Congreso y la actuación de Garzón, y en el ámbito sindical, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, consideró que la resolución del Congreso 'es una medida democrática difícil, pero necesaria'.