La legítima defensa de la libertad

Nuestras instituciones están escribiendo una página en la historia de la democracia española que marcará un antes y un después en la estabilidad del sistema constitucional, en la defensa de nuestras libertades públicas y en el fortalecimiento de nuestro Estado de derecho.

En la estabilidad política de nuestro sistema constitucional, porque la decisión de instar la ilegalización de Batasuna supone una garantía jurídica y política más que reduce, frente a los totalitarios y a los enemigos de las sociedades abiertas, la vulnerabilidad de nuestro marco constitucional y, en consecuencia, refuerza su estabilidad.

En la defensa de las libertades públicas de todos los ciudadanos, porque se ha puesto en marcha un proceso que limitará la capacidad de actuación de ETA, uno de cuyos pulmones políticos y sociales ha sido, durante los últimos años, Batasuna.

Protegiendo a Batasuna, el PNV trata de convertirse en la fuerza nacionalista hegemónica

CiU prefiere su relación histórica con el PNV a la coherencia con sus principios

¿Alguien quiere desconocer a estas alturas de la historia no ya la complicidad, sino el protagonismo de Batasuna en la extensión del terror, en el imperio del miedo y en la vulneración sistemática y cruel de los derechos humanos en el País Vasco?

ETA no es sólo una organización terrorista integrada por una serie de comandos; ETA es un entramado político y social creado por la cúpula de la banda que, refugiada en Francia, entendió que para ser eficaz necesitaba una red legalizada en España que, bajo la tapadera -en este caso- de un partido político, cumpliera también otras funciones. En otras palabras: Batasuna ha servido a ETA desde la impunidad.

Para la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, no hay ninguna duda: Batasuna no es un partido como los demás. En gran parte ha sido una tapadera de ETA. Cargos electos de Batasuna se han integrado en comandos. Personas de su dirección han formado o forman parte del entramado financiero, ideológico y mediático de la banda. Batasuna está detrás de las amenazas a ciudadanos y del respaldo tácito, cuando no expreso, a las acciones terroristas. Por si quedara alguna duda, la propia banda terrorista ha marcado el territorio: ha mostrado cuáles son sus auténticos vínculos al amenazar a los partidos democráticos que apoyen la ilegalización de Batasuna.

Después de tantas evidencias, ¿qué tiene todavía que ocurrir?, ¿a qué más se debe esperar para que impere la decencia en lo que deben considerarse fuerzas políticas democráticas?

Un partido que no es como los demás no puede disfrutar de los derechos, de las tribunas o, simplemente, de la financiación pública que nuestro sistema otorga a las organizaciones democráticas.

Tratar de que impere la decencia es, en todo caso, luchar contra los que quieren imponer sus ideas a través de la violencia. No se trata de combatir ideas legítimas. Quienes lo afirman pretenden establecer un falso debate. La democracia española no ha perseguido ni perseguirá nunca a nadie por sus ideas, pero debe decirse que la tolerancia democrática tiene un límite. El límite está en la legítima defensa de la libertad. Tolerar no es rendirse, tolerar no es dejarse atropellar por quienes no toleran y persiguen la destrucción de la libertad.

Durante las últimas semanas se ha celebrado un debate sobre la oportunidad de abrir el proceso de ilegalización. No hay ninguna sorpresa. Cada vez que desde el Estado de derecho se ha tomado una decisión importante para actuar contra el terrorismo, algunos ponen sistemáticamente en duda la oportunidad del momento elegido. Han sido 25 años de democracia para cargarnos de razones y para que dejemos de consentir la burla cruel de quienes han amparado la amenaza y la extorsión.

Se ha debatido también sobre quién debería tomar la iniciativa. Creo que es muy positivo para la sociedad española contemplar que todas las instituciones que pueden hacerlo se impliquen en la defensa de la democracia, empezando por los partidos que de verdad son democráticos.

Algunos han dicho que la aplicación de la Ley de Partidos vendría a empeorar la situación en el País Vasco y que ahondaría la fractura social en esa comunidad. Esta tesis sólo puede defenderse desde la indefinición y la tibieza. Hay que preguntarse: ¿cabe una mayor fractura social que la que están sufriendo gran parte de los ciudadanos vascos? ¿Cabe una mayor fractura social que la que ha provocado el exilio de miles de personas forzadas a abandonar su hogar y su tierra por la simple discrepancia de ideas? ¿Cabe una mayor fractura social que la que vive una sociedad amenazada, mientras los cómplices de los asesinos campan por sus respetos y se hacen los dueños de la calle?

El PNV no justifica los procedimientos de ETA, aunque coincide con muchos de sus fines. Una coincidencia que le lleva a cometer error tras error. En el caso de la ilegalización de Batasuna, el error consiste en interpretar que la derrota de ETA supondrá la derrota del conjunto del nacionalismo y que la ilegalización es una medida antivasca, cuando lo que se pretende es la recuperación de la libertad para los vascos. Están perdiendo una oportunidad histórica. La de demostrar desde su orgullo nacionalista que, antes que nada, son demócratas y que por ello se plantean derrotar a los que quieren imponer sus ideas a través de la fuerza. Sólo se puede comprender -aunque resulte injustificable- la protección del PNV a Batasuna desde la búsqueda de su espacio electoral y por el afán del PNV para consolidarse como fuerza hegemónica del espacio nacionalista.

Respecto a Convergència i Unió, su abstención nos produce, sobre todo, perplejidad. Todos recordamos a Jordi Pujol en un día especialmente dramático cuando afirmaba: 'A un lado están los que ponen las bombas y al otro todos los demás'. Aquella claridad de principios se ha visto aquejada por la enfermedad de los complejos. No por falta de criterios, porque CiU siempre ha sido intolerante con la violencia, sino porque su dirección ha preferido mantener su relación histórica con el PNV antes que mostrarse coherente con sus principios y con los razonamientos de la mayoría de la sociedad catalana.

Cuando a través de las decisiones judiciales puede desaparecer la careta democrática de Batasuna, hay que decir que también se inicia una reparación histórica con las víctimas de ETA. Éstas que no merecen una condolencia de Batasuna, éstas que a Batasuna le parecen 'fruto del conflicto', éstas que no han tenido la oportunidad de seguir ejerciendo su derecho a la vida.

Batasuna va a ser sometida a unos procesos con el amparo del Estado de derecho. Ésta es la gran diferencia entre la democracia constitucional y una organización que cree que el asesinato es una acción política. O que al asesino, siempre cobarde, hay que rendirle homenaje popular.

Intentarán, como siempre, boicotear las próximas elecciones municipales, pero dejarán de tener cobertura institucional para coaccionar, dejarán de estar en las mesas electorales para amenazar a los votantes y dejarán de hacer campaña para el miedo y la muerte, si así lo deciden los jueces.

La ilegalización tendrá, además, una enorme utilidad para el Gobierno vasco que, desde sus competencias exclusivas en materia de seguridad ciudadana, podrá y tendrá la obligación de distinguir ya nítidamente en las calles del País Vasco entre quienes actúan dentro de la ilegalidad y quienes actúan dentro de la legalidad. Y ahí, en el cumplimiento más cotidiano de la ley y de las resoluciones judiciales, estará el termómetro del miedo y de la capacidad de seguir gobernando del nacionalismo vasco.

Comenzaba este artículo diciendo que los procesos abiertos para ilegalizar a Batasuna significarán el fortalecimiento de nuestro Estado de derecho. La aplicación de la Ley de Partidos se inscribe, como la propia ley, en ese proceso de reacción de la sociedad española iniciado en Ermua. Con la ilegalización, el Estado de derecho recupera la confianza en sí mismo, se fortalece y aporta un elemento más que tendrá una indudable utilidad a medio y largo plazo para combatir el miedo.

Es una cuestión de decencia política y de higiene democrática. Los ciudadanos sabrán apreciar cómo sus representantes sin titubeos estériles, sin complejos, sin excusas, han tomado ya la decisión de que el Parlamento cumpla con su obligación en defensa del interés general y de la democracia constitucional que nos ha proporcionado 25 años de libertad.

Javier Arenas Bocanegra es secretario general del Partido Popular