El tribunal que controla el FBI cree que vulnera la Constitución

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI tienden a vulnerar los principios constitucionales y mienten con frecuencia. Eso indica una insólita y durísima nota entregada al Senado por el Tribunal de Control del Espionaje Exterior, una institución judicial que supervisa los métodos utilizados en las investigaciones y que nunca, hasta el jueves, había hecho públicas sus decisiones o deliberaciones. La información facilitada al Comité Judicial del Senado confirma que el fiscal general, John Ashcroft, asumió tras el 11 de septiembre poderes que traspasaban los límites de la Constitución.

El Tribunal de Control informó a los senadores de que en los años 2000 y 2001 había registrado al menos 75 ocasiones en las que el FBI había mentido a los jueces con el fin de conseguir órdenes de registro o autorización para pinchar teléfonos de sospechosos. La mayoría de las veces, el FBI ocultó al tribunal que la persona bajo investigación antiterrorista ya era objeto de una investigación criminal, y trató de que los agentes encargados de una y otra compartieran información, algo prohibido por las leyes que protegen la privacidad.

El tribunal de supervisión del antiterrorismo fue creado en 1978. Sus 11 miembros siempre habían actuado con absoluta discreción. El hecho de que el jueves decidieran revelar sus problemas con el FBI y, sobre todo, con el Departamento de Justicia parece indicar una fuerte tensión entre el poder judicial y el poder ejecutivo.

Órdenes de Ashcroft

El fiscal general, John Ashcroft, es el más dañado por las revelaciones. Siempre había afirmado que el Departamento de Justicia se atenía estrictamente a la Constitución en su desarrollo de la Patriot Act, el paquete de leyes antiterroristas aprobado tras el 11-S. El Tribunal de Control reveló, sin embargo, que había obligado a Ashcroft a alterar varias de sus medidas por considerarlas anticonstitucionales. Una vez retocadas, las órdenes del fiscal general recibieron el visto bueno de los 11 jueces.

El hecho de que el tribunal decidiera hacer público el conflicto enfureció a John Ashcroft. El Departamento de Justicia había aceptado ya las limitaciones impuestas por los jueces sobre sus medidas. Pero el jueves por la noche, cuando se supo que el Senado había sido informado del conflicto, Ashcroft decidió recuperar los textos modificados y presentó un recurso ante el Tribunal Supremo con el argumento de que el Tribunal de Control del Espionaje Exterior impedía a los agentes antiterroristas desarrollar adecuadamente su trabajo.

'La Patriot Act amplió los poderes del Gobierno, pero el tribunal la interpreta incorrectamente y mantiene limitaciones que ya no se corresponden con el marco legal; esas limitaciones impiden que la información disponible sea compartida por diferentes oficinas del FBI o por las distintas agencias antiterroristas, y ése es el motivo de la apelación', declaró Barbara Comstock, portavoz del Departamento de Justicia.