Todos culpables

En todas las democracias del Mundo los partidos políticos se critican continuamente los unos a los otros. Lejos de ser un rasgo negativo, esta crítica recíproca es tan necesaria para el Estado de Derecho que por todos lados se ha copiado la venerable institución inglesa del Jefe de la Oposición, creada -con sueldo oficial incluido- con el fin principal de criticar la actividad del Gobierno de Su Majestad. En España, en general, y en Andalucía, en particular, se practica esta sana tradición democrática con especial vehemencia, de tal forma que es poco menos que imposible leer cualquier noticia relativa a un poder público, por muy positiva que esta pueda ser, sin la correspondiente apostilla del partido contrario.

Así las cosas, a nadie ha podido sorprender la polémica entre el PSOE y el PP por la responsabilidad en los desórdenes del barrio sevillano de Los Pajaritos, que como no podía ser de otra manera, siempre recae en el partido contrario al del político que expresa su opinión: del delegado del Gobierno para los del PSOE y del alcalde para los del PP. Los portavoces de los dos partidos mayoritarios en este asunto parecen tan ocupados recomendándose mutuamente 'valentía y responsabilidad' para afrontar lo sucedido, que uno tiene la impresión de que han olvidado que los primeros responsables de los desmanes de tres noches de pesadilla han sido las personas que han producido las algaradas. Quienes han destrozado bienes, herido a algunos transeúntes y roto la paz ciudadana han sido personas de carne y hueso, no el fracaso escolar, la droga o la falta de un centro cívico, ni ninguna otra causa abstracta o concreta de marginación social. La libertad que todo ser humano tiene por el mero hecho de serlo nos debe evitar considerar que los protagonistas de los disturbios eran autómatas movidos por una fuerza ciega o pajaritos sin voluntad atrapados en una red. Su conducta merece el más severo reproche social, tanto que está perfectamente tipificada en el Código Penal como un delito de desórdenes públicos. No estaría de más que los partidos lo recordaran, en lugar de tratar este incidente como un capítulo más de su interminable enfrentamiento electoral.

Partiendo de este recordatorio elemental de que ni el alcalde ni el delegado del Gobierno han sido los autores de los actos vandálicos, se puede echar un vistazo a la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado para intentar deslindar sus responsabilidades políticas. El reparto de competencias que esta Ley diseña es un poco más complejo del que nos cuentan unos y otros. Según el artículo 11, mantener y restablecer el orden y la seguridad, así como prevenir la comisión de actos delictivos en las ciudades andaluzas, es tarea encomendada a la Policía Nacional, de tal forma que -para bien o para mal- el principal responsable de la seguridad ciudadana en Sevilla es el delegado del Gobierno, como quedó claro con ocasión de las muchas medidas que adoptó cuando se celebró el Consejo Europeo el pasado junio.

No da la impresión de que organizar un dispositivo de seguridad especial en Los Pajaritos tres días después del comienzo de los incidentes sea una muestra de diligencia y eficacia similar a la demostrada entonces.

Por su parte, los artículos 54 y 55 de la LOFCSE atribuyen a la Policía Local competencias para la prevención de los delitos y el mantenimiento del orden, siempre en colaboración con la Policía Nacional. De la importancia que tiene esta función en el Ayuntamiento sevillano da idea la existencia de una Concejalía de Seguridad Ciudadana, por lo que no se entiende muy bien que lo único razonable que pudiera hacer el alcalde fuera -como pretende su portavoz- 'guardar silencio y esperar tres días a que la Delegación del Gobierno montase un dispositivo de seguridad'.

Para terminar de cerrar el círculo de responsabilidades políticas, conviene recordar que la LOFCSE establece una 'Junta local de seguridad' para coordinar ambas policías. Que se sepa, la de Sevilla no ha sido convocada para responder a las algaradas, demostrando así cual es la capacidad de respuesta de nuestras instituciones ante imprevistos como esos.

Si a estos motivos jurídicos le unimos que el silencio de la Delegación del Gobierno y de la alcaldía no parece la forma más inteligente de calmar los ánimos exaltados de los alborotadores, ni de tranquilizar a una ciudadanía perpleja, y que el liderazgo social de nuestros políticos ha bajado a un punto que ya parece lo más natural del mundo que los vecinos vayan a entrevistarse con el Defensor del Pueblo en lugar de con las autoridades electas para estudiar lo sucedido en Los Pajaritos, es casi inevitable pensar que el PSOE acierta en sus críticas al delegado del Gobierno y que el PP no se equivoca en las suyas al alcalde.

Agustín Ruíz Robledo es Profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada