Los ecologistas denuncian por irregular la concesión de la térmica de BASF

Los ecologistas del Grupo para el Estudio y Protección de los Ecosistemas del Campo (Gepec) han denunciado ante el Ministerio de Medio Ambiente la tramitación administrativa realizada por la empresa química BASF en el proyecto de puesta en marcha de una central térmica de ciclo combinado de 400 megavatios de potencia. Los ecologistas afirman que una central de esta potencia requiere el visto bueno de la Administración central, no sólo de la autonómica.

Según Albert Calduch, abogado del Gepec, la potencia de la térmica obliga a la aprobación por parte de Medio Ambiente del estudio de impacto ambiental, así como a la realización de un informe preceptivo del Ministerio de Economía sobre el proyecto. Calduch asegura que ninguna de las dos cuestiones quedan recogidas en la tramitación realizada por BASF para la puesta en marcha de una planta que, según la asociación ecologista, lleva ya más de cuatro días funcionando, 'por lo que no se puede decir que son pruebas'.

El Gepec ha denunciado esta cuestión a los ayuntamientos de Reus y Tarragona, a la Generalitat y al propio Ministerio de Medio Ambiente, y solicita que se interrumpan inmediatamente las obras que se realizan en los terrenos de la multinacional química.

El grupo ecologista, además, considera que la implantación de la térmica no cumple con la distancia mínima establecida por el reglamento de actividad de sustancias molestas, nocivas y peligrosas (RAMNIP) que establece que la distancia mínima de seguridad con respecto a los núcleos de población es de 2.000 metros. Asimismo, el Gepec denuncia, además, que la información pública fue insuficiente y no se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Tarragona.

La denuncia del Gepec se suma, en el caso de la de BASF, a las realizadas recientemente por los hoteleros de la zona, que consideran que la antorcha de la planta de deshidrogenación, la más alta del polígono petroquímico, puede contribuir a crear alarma entre los turistas.

Los hoteleros han utilizado la nueva infraestructura de BASF para atizar una batalla iniciada por ellos hace meses, ante el anuncio de la creación de un Consorcio de la Química, impulsado por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo, al que veían como un lobby de presión y una constatación de su consideración pública como 'de segunda fila' entre las administraciones.