La pasividad del Gobierno vasco

Hace ya casi año y medio que el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa visitó el País Vasco. En su informe, presentado al Comité de Ministros y aprobado unánimemente por todos los Estados, el comisario denunció, entre otras cosas, un funcionamiento anormal en la policía autónoma vasca en cuanto a la represión y a la investigación de conductas delictivas que afectan gravemente a la vida democrática en la comunidad autónoma, concluyendo que se podía 'apreciar cierta responsabilidad del Gobierno vasco concerniente a la falta de una protección suficiente y eficaz de los derechos fundamentales de los ciudadanos' en el País Vasco.

Con el transcurso del tiempo, la situación descrita no ha mejorado. Por el contrario, hace pocas semanas pudimos comprobar el modo en que el Gobierno de este territorio bananero concibe el ejercicio de las libertades: nada menos que autorizando una manifestación contra una víctima del terrorismo que reúne la condición de haber sido elegida democráticamente alcaldesa por los ciudadanos de Lasarte. Pero no sólo eso. Se trata de una manifestación contra una representante de la ciudadanía que sólo unos días antes fue insultada y agredida -ante la pasividad del resto del público asistente- cuando asistía a la final de un torneo de pelota en la que participaban pelotaris de su municipio.

Quien exige al Gobierno del Estado que cumpla la legalidad incumple en su territorio la relativa a la garantía de las libertades

En dicho acto no hubo otra presencia policial que la de los escoltas que le acompañan diariamente en esta Euskadi con democracia de tan alta calidad que es la envidia del planeta. No recuerdo que nadie exigiera responsabilidades políticas por tan imprudente y negligente falta de previsión. Con anterioridad, otro representante de la ciudadanía había sido obsequiado con una llave del portal de su vivienda. Sin embargo, si exceptuamos el sufrimiento personal por tales situaciones que padecen las víctimas, sus familiares y amigos, aquí nunca pasa nada. La oposición en el Parlamento vasco no pide responsabilidades políticas y el Gobierno vasco se da por satisfecho con la gestión económica del -en su terminología- conflicto. Así, se indemnizan económicamente los daños o se crean foros para acompañar y apoyar a los cargos públicos amenazados, se manifiesta estéticamente la cercanía con ellos o se envían abrazos emocionados en los casos más extremos.

Pero al margen de tales manifestaciones estéticas -por carentes de consecuencias políticas-, lo cierto es que lo que impera es la pasividad. Pasividad en la prevención, pasividad en la investigación y pasividad en la represión. Es más, quienes detentan el poder acreditan de hecho más cercanía y sintonía con los victimarios que con las víctimas.

La manifestación autorizada contra la alcaldesa de Lasarte es el mejor ejemplo de ello. Sin parangón, por cierto, en cualquier democracia de nuestro entorno. En este sentido es también un ejemplo para denunciar ante órganos internacionales un estado de cosas inaceptable y que, por lo que a la Unión Europea se refiere, pone de manifiesto que en el País Vasco los principios comunes de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho -contemplados en el Tratado de la Unión- son, hoy por hoy, una quimera porque quien exige al Gobierno del Estado el cumplimiento de la legalidad incumple en su territorio la relativa a la garantía efectiva y eficaz de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho.

Esta situación no por conocida deja de ser menos inaceptable ni insostenible. Es por ello que los partidos de la oposición que la padecen directa y diariamente deberían ser absolutamente beligerantes e intransigentes con el Gobierno vasco en este tema, no contribuyendo a dar apariencia de normalidad a lo que es un estado de excepción permanente para gran parte de la ciudadanía vasca.

Carlos Fernández de Casadevante es catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad Rey JuanCarlos de Madrid.