Administraciones Públicas admite que Andalucía es la autonomía con más transferencias pendientes

El Ministerio de Administraciones Públicas ha reconocido por primera vez en un informe que Andalucía es la comunidad que tiene mayor número de competencias pendientes de recibir por el Estado (14 materias) y, además, con mucha diferencia sobre el resto de las autonomías del 151, con la excepción del País Vasco por sus especiales características (8). Para el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, este balance evidencia el trato 'sectario' del Gobierno central a Andalucía 'porque no vota a la derecha'. La Junta reclama desde hace años 45 competencias concretas.

El ministerio, que desde el pasado julio dirige Javier Arenas, agrupa en su informe las materias que debe transferir a las autonomías en 21 bloques, tres de los cuales están ya en manos de todas las administraciones regionales: la educación no universitaria, la sanidad y la ejecución de la legislación laboral, de cooperativa, seguridad e higiene. En la relación, Andalucía aventaja con mucho en transferencias pendientes al resto de las comunidades que accedieron a la autonomía por el artículo 151 de la Constitución (vía rápida), con 14 materias, seguida de Canarias, con tres; Cataluña y Navarra, con dos; Galicia, con una, y finalmente Valencia, sin saldo negativo. El País Vasco, por sus especiales características, tiene por transferir ocho competencias.

Se da el caso de que varias comunidades del artículo 143, según el citado informe, disponen en la actualidad de un techo competencial más alto que Andalucía. Para el consejero de la Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías, este hecho evidencia el trato 'sectario y discriminatorio' del Gobierno de José María Aznar con la Administración andaluza, aún más si se tiene en cuenta que en 1996, antes de la llegada del PP a la Moncloa, la comunidad se encontraba -junto con País Vasco, Cataluña y Galicia- a la cabeza de las transferencias. 'De los 116 decretos de traspasos desde 1982, 115 los ha firmado Felipe González y sólo uno, el de los medios materiales de justicia, lo ha firmado Aznar', enfatizó Zarrías, quien aprovechó para subrayar que la relación que ahora se hace pública confirma lo que la Junta viene denunciando desde hace años: 'Existe una estrategia de acoso a Andalucía porque no vota a la derecha'.

Gaspar Zarrías ha ido entregando a los diferentes titulares de la cartera de Administraciones Públicas en los últimos seis años (Mariano Rajoy, Ángel Acebes y Jesús Posadas) una lista detallada de las competencias que reclama la Junta, que desglosadas suman un total de 45. No obstante, sólo pone la señal de urgencia -'por ser lo más lacerante y sangrante', dice Zarrías- sobre cuatro de ellas: las políticas activas de empleo, las cuencas hidrográficas (cogestión en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir), asistencia y servicios sociales del Instituto Social de la Marina y la ampliación y liquidación de las transferencias de justicia. También se pide con interés el Parque Nacional de Doñana, la policía autonómica y el Archivo de Indias.

Tras las últimas elecciones, los ejecutivos de Madrid y Sevilla dieron por terminada la dinámica de enfrentamiento que caracterizó la legislatura anterior y anunciaron que cerrarían en un par de meses un primer paquete de transferencias. Han pasado dos años y las cosas están donde estaban mientras la crispación política ha ido ganando grados, sobre todo después del último fiasco de la cesión de las políticas activas de empleo (1.627 trabajadores y 190 oficinas del Inem), a la que le resta desde 1997, a decir de los sucesivos ministros de Trabajo, sólo 'flecos técnicos'.

Políticas de empleo

Según el informe de Administraciones Públicas, las políticas activas de empleo las gestionan ya todas las autonomías, excepto Murcia, Castilla-La Mancha, País Vasco y Andalucía. De las del 151, Andalucía es la única que no ha recibido aguas y obras hidráulicas, mediadores de seguros, asistencia y servicios sociales del Instituto Social de la Marina; enseñanza náutica pesqueras, e instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría. Y, junto con País Vasco, tampoco tiene transporte marítimo, ejecución de productos farmacéuticos y maestros en instituciones penitenciarias.

La llegada de Javier Arenas al Ministerio de Administraciones Públicas ha abierto una nueva etapa en la negociaciones de las transferencias. Zarrías dijo ayer que aún no ha hablado con 'nadie' del ministerio sobre la situación de Andalucía, 'de sobras conocida', y emplazó al nuevo ministro a hacer 'simplemente justicia'.