Del Castillo no fija plazos y deja en manos del Consejo de Política Fiscal la financiación de la Ley de Calidad

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, aprovechó ayer su estancia en Alicante, adonde acude a las representaciones del Misteri de Elche, para reiterar las bondades de la Ley de Calidad que el próximo otoño será debatida en el Congreso de los Diputados.

En la sede provincial del PP, Pilar del Castillo no aventuró un calendario concreto para aplicar la reforma educativa. 'Es difícil poner plazos si se tiene en cuenta la complejidad del proceso', agregó la ministra de Educación, que no quiso especificar el curso en el que entrará en vigor la reforma educativa del PP. También reiteró, en cuanto a su financiación, que serán 'el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el plan de financiación de las autonomías los órganos que regulen y evalúen las necesidades econonómicas para su aplicación', dijo.

La ministra hizo una encendida defensa de su proyecto educativo, que busca 'combatir y prevenir el fracaso escolar'. Del Castillo recriminó la actitud del PSOE y otros colectivos progresistas. 'En temas educativos la posición de partida es la de la confrontación radical y la pancarta', dijo la titular de Educación, 'y lamento que no haya actitudes más serias y serenas'.

La ministra descartó que su proyecto sea segregador, al dividir en distintas categorías al alumnado según su capacidad. 'Para mí es más segregador que entre un 25% y un 30% de los alumnos queden fuera del sistema escolar, fracasen y no tengan una formación mínima, como ocurre ahora', aclaró.

Pilar del Castillo recordó que en el debate inicial de la Ley de Calidad 'han participado todos los que han querido', y confía que la reforma se apruebe con el mayor respaldo posible en el Congreso de los Diputados.

Por otro lado, Pilar del Castillo, aseguró que 'no se ha retirado ninguna beca compensatoria y se han concedido todas las que cumplían con los requisitos'. La ministra aclaró que en el curso 2000-2001 se destinaron 158 millones de euros a estas ayudas para matrícula, transporte o movilidad, y en el curso 2001-2002 se incrementó hasta los 174 millones de euros, un 14% más.