Promesas inseguras

La última manifestación de la delincuencia organizada en Madrid -el tiroteo entre malhechores colombianos, sospechosos de dar muerte a una persona, y agentes policiales, en el que resultaron muertos un policía y un delincuente- ha hecho saltar de nuevo las alarmas sobre este tipo de actividad delictiva y las dificultades de la respuesta policial. La delincuencia organizada -la generada en torno al narcotráfico, la prostitución, el blanqueo de capitales y, últimamente, la inmigración ilegal- engrosa cada vez más la estadística de delitos que se cometen en España. No sólo en España, pues se trata de crímenes transnacionales, favorecidos por la libertad de circulación de personas y capitales en Europa y la facilidad de las operaciones informáticas.

Los responsables policiales admiten que al menos 200 organizaciones o grupos criminales, formados básicamente por extranjeros con ayuda de españoles, se han instalado en España en los últimos años. Pero este dato esencial parece haber pasado desapercibido para el Gobierno, a tenor de su demostrada falta de reflejos frente al problema de la delincuencia y la consiguiente degradación de la seguridad ciudadana. Rajoy y Acebes, en la estela de las promesas hechas por Aznar en el reciente debate sobre el estado de la nación, han anunciado para septiembre un nuevo plan contra la delincuencia -¿cuántos van ya desde que al Gobierno le estalló el problema entre las manos al descubrirse que había aumentado un 10,52% en 2001?-, basado en los consabidos ejes de más agentes y más medios, reformas legales -con mención expresa a la inmigración-, policía especializada y cooperación internacional. Sería más efectivo, y los ciudadanos se sentirían más tranquilos, que el Ejecutivo dejara de vender planes y se decidiera a poner en práctica uno solo de entre todos los prometidos.

La delincuencia organizada no incide de manera tan directa como la llamada menor -la del tirón y el asalto callejero- en la sensación de inseguridad ciudadana en general. Pero eso sólo sucederá mientras no se traspasen ciertos límites. Esta actividad delictiva, la más mortífera desde luego, es la causante de que España, aunque todavía con uno de los índices más bajos entre los 15 países de la UE, tenga, sin embargo, una de las mayores tasas de homicidios por habitante. A esta situación contribuyen las mafias colombianas ligadas al negocio del narcotráfico, especialistas en ajustes de cuentas, una modalidad criminal cada vez más frecuente en España y que tiene su reflejo en la estadística de los 1.193 homicidios o asesinatos cometidos en 2001, de los que 96 lo fueron en Madrid.

Y, desde luego, se trata de un tipo de delincuencia que, por la brutalidad de sus métodos, la sofisticación de sus armas y la determinación de quienes la practican, exige una respuesta policial mucho más especializada que la habitual frente a la delincuencia común, no sólo a la hora de prevenirla, sino a la de hacerla frente operativamente. Pero un plan contra la delincuencia, capaz de mejorar la seguridad ciudadana, exige dinero. Y voluntad política -que sigue echándose en falta en el Gobierno- y un concepto de la seguridad pública que no descanse más allá de lo tolerable en la seguridad privada, algo que no tienen claro algunos representantes del Ejecutivo, que piden a los ciudadanos que se paguen su protección.

El gasto público en seguridad, sin embargo, no ha hecho sino reducirse desde 1996 en porcentaje del PIB. Quizás por ello han quedado en papel mojado propuestas como la de la policía de proximidad o de barrio, mil veces anunciadas y otras tantas olvidadas. Y algo semejante podría ocurrirle al incremento en 20.000 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, anunciado primero por Aznar en el debate sobre el estado de la nación y reiterado ayer por el vicepresidente Rajoy, si no tiene el correspondiente reflejo en los próximos Presupuestos.