La sociedad y las víctimas

La coincidencia de la lectura de Las flores de Hiroshima de Edita Morris, que trata la penosa situación en que viven los supervivientes de la bomba atómica arrojada el 6 de agosto de 1945 sobre aquella ciudad, con la bomba de Santa Pola, último crimen de ETA, me ha hecho reflexionar sobre la extraña y según parece general reacción de la sociedad moderna respecto a las víctimas, que creo son excluídas y relegadas, tanto las que sufren daños físicos como sus allegados, cónyuges, padres, hijos... todos ellos víctimas por un igual, envueltos por un fatídico destino y para los cuales el acto terrorista es sólo el inicio de un sinfín de tribulaciones y agravios por las secuelas físicas y especialmente por las psíquicas y las morales.

¿Qué hace la sociedad por ellos? Salvo contadas excepciones, por ser o haber sido personaje público, se convierten en un dato estadístico o simple recuento histórico. Nada más. En Hiroshima, como aquí, nos ceñimos a conmemorar los hechos y enumerar los muertos, y obviamos acercarnos a los que sobrevivieron, a conocer su inmediata realidad, cómo afrontan las graves secuelas, cómo viven, cuántos son y, principalmente, exigir el castigo, sin paliativos, de los culpables.

Tras un nuevo acto terrorista, nuestra solidaridad se reduce al general clamor de condena y petición de mayor eficacia en la prevención y en la persecución de estos delitos. Mientras, las fuerzas políticas se enzarzan en polémicas y disquisiciones con argumentos y razones partidistas, lejanos al verdadero fondo de la cuestión: el aumento de las víctimas y de la confianza de los culpables en que sus acciones permanecerán impunes o, en el peor de los casos (para ellos) de disfrutar de una cómoda y tranquila estancia en una cárcel que nuestro régimen penitenciario les hace benigna y favorable.

Pienso que la sociedad tiene una enorme deuda que saldar con las víctimas. ¿Cómo? Castigando con rapidez, equidad y justicia a los responsables, los que fueren. Aplicar con rigor y severidad nuestro ordenamiento jurídico sin ningún tipo de privilegio ni distingo para los agresores y su entorno y exigir que se destinen (y lleguen) indemnizaciones y ayudas públicas, económicas y no económicas, tanto para las víctimas como para los suyos. Estamos obligados.