Reloj en marcha

Los atentados de ETA en la costa alicantina y el silencio cómplice de Batasuna, así como las retorcidas pero concluyentes explicaciones exculpatorias de su portavoz, Arnaldo Otegi, han convencido al Gobierno del PP y al PSOE, comprometidos por el Pacto sobre las Libertades y contra el Terrorismo, de que es hora de iniciar formalmente los trámites que deben concluir en la presentación de la demanda para la ilegalización de la formación aberzale ante la Sala Especial del Tribunal Supremo. El acuerdo de los dos partidos mayoritarios, que suman 307 de los 350 escaños del Congreso, era un punto de partida básico para adoptar una iniciativa de tanta transcendencia jurídica y política como la de ilegalizar una fomación política. Pero es deseable que ese acuerdo se amplíe al resto de las fuerzas políticas, y no sólo a las que mantienen pactos con el Gobierno como CiU y Coalición Canaria, sino a Izquierda Unida y, desde luego, al PNV.

El procedimiento acordado por el Gobierno y el PSOE es que sea un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados, que su Diputación Permanente debería convocar para el día 26 de agosto, el que inste al Gobierno a presentar la demanda de ilegalización. Es una vía contemplada en la Ley de Partidos y, sin duda, la más acertada para la ocasión. Ese pleno es el escenario adecuado para debatir públicamente las razones de la iniciativa y para fortalecer el consenso entre las fuerzas políticas. Y dará ocasión de explicar su posición a las que, por motivos de fondo o de oportunidad, mantengan su oposición a la iniciativa. Pero ese pleno debería ser también el momento de abordar algunas de las medidas que habrán de tomarse para prevenir posibles efectos no deseables, además de los positivos que se esperan, que pueden derivarse de poner a Batasuna fuera de la ley. El Gobierno y el conjunto de las fuerzas políticas tienen obligación de evaluarlos y de prevenirlos en lo posible. Y también de advertir claramente a la ciudadanía de que se trata de un primer paso político y que esta medida no está concebida para acabar de inmediato con los comandos operativos de ETA. La Ley de Partidos, digámoslo una vez más, no es una ley antiterrorista.

La iniciativa de ilegalizar a un partido político siempre plantea legítimas dudas de fondo y de oportunidad. ¿Es el momento procesal y político oportuno de plantear ante los tribunales la ilegalización de una formación política como Batasuna, que no ceja en manifestar su connivencia con ETA y su estrategia de terror? El diputado por el PNV, Iñaki Anasagasti, ha expresado esas dudas de oportunidad al señalar que el 'estado emotivo' producido por los últimos atentados de ETA no es el más propicio para plantear una medida que exige serenidad y una cuidadosa evaluación de sus consecuencias. Pero el problema es que la persistencia de las acciones terroristas de ETA no da opción a momentos más serenos y propicios a la reflexión.

Con su última campaña de terror, la banda terrorista ha anudado en el cuello de Batasuna la soga de su posible ilegalización. Lo cual demuestra, si hiciera falta, que es ETA la que manda y marca la estrategia en la constelación de organizaciones que se mueven a su alrededor. Ello debería hacer reflexionar a formaciones políticas como IU que, tras constatar la dependencia de Batasuna respecto de la banda terrorista, apuesta ilusoriamente por que esa formación rompa esa dependencia por propia iniciativa. Los hechos son tozudos y muestran para quien quiera verlos sin orejeras que la vía política que representa Batasuna, así como su papel en las instituciones, sólo los consiente ETA si complementan y refuerzan su estrategia militar, basada en la coacción y el chantaje y en el terror permanente a la sociedad. Ni los más reticentes a la ilegalización de Batasuna pueden pretender que el Estado de derecho permanezca impasible ante tamaña impostura y subversión de las reglas democráticas.