El Gobierno rechaza que facilite el acceso al mercado pesquero a grandes empresas

El Ministerio de Agricultura y Pesca negó ayer, mediante un comunicado, que vaya a facilitar la entrada en Andalucía de grandes empresas dedicadas a la captura, manufactura y comercialización de los productos pesqueros en sustitución de las actuales industrias locales. El ministerio sostiene que la 'fortaleza del sector pesquero interno' ha logrado frenar 'los deseos de empresas extranjeras por tener un mayor acceso al mercado español'.

De esta forma, el Gobierno sale al paso de las críticas del parlamentario socialista José Luis Blanco, en las que éste advertía de la entrada de empresas grandes capacitadas para monopolizar el mercado en detrimento de los actuales recursos artesanales que dan soporte a la economía de ciudades costeras dedicadas a la pesca.

En la nota, el ministerio dirigido por Miguel Arias Cañete hace referencia a la política de desguaces aplicada en España. Según manifestó en un reciente escrito el comisario europeo de Pesca, Franz Fischler, esta política ha sido el resultado de 'decisiones de tipo económico y político de España, y no de obligaciones impuestas por la legislación comunitaria'.

El ministerio asegura que 'si los niveles de reducción de España han estado por encima de los límites fijados por la normativa comunitaria, se debe al reconocimiento, por parte de los propios armadores, de la existencia de una sobrecapacidad real de la flota respecto a los recursos disponibles'.

Para el caso de los armadores que han preferido mantener su actividad, el Gobierno manifiesta que 'ha buscado todas las salidas posibles' y cifra en 79 los barcos excedentes de Marruecos que han logrado continuar su labor en caladeros alternativos de Mauritania y Senegal.

El escrito se refiere, asimismo, a los planes de reforma de la industria pesquera que en este momento diseña el comisario Fischler. El Gobierno ha expresado su rechazo al documento que contiene 'aspectos inaceptables, en particular su valoración hacia políticas basadas en el desguace y la desaparición de las ayudas a la modernización y renovación de la flota'.

Los contactos mantenidos con las autonomías y con el resto de los países afectados por los planes comunitarios demuestran, a juicio del ministerio, la labor del Gobierno para 'variar aspectos de fondo de los borradores' de Fischler.

El Gobierno afirma en la nota que las acusaciones de Blanco 'rozan el ridículo' y proceden de su 'desconocimiento', que atribuye a sus 'nulos' contactos con el sector.