El juez conoce más anomalías en las obras del aeropuerto de Bilbao

La anterior dirección del aeropuerto de Bilbao invitó a sus concursos restringidos de obras, en los que suelen concurrir tres empresas, a dos constructoras del mismo dueño, las mismas que consiguieron el 98% de las adjudicaciones a dedo de obras del aeródromo entre 1998 y 2000. Así consta en las diligencias judiciales abiertas por la investigación al ex director del aeropuerto Segismundo López-Santacruz, acusado por la Fiscalía del País Vasco de estafa y malversación de caudales públicos durante su gestión entre los años 1997 y 2001 . Un directivo de Enrique Otaduy, una de las dos constructoras en cuestión, confirmó este hecho en su declaración ante el juzgado.

Las dos beneficiarias son las constructoras vizcaínas Enrique Otaduy y Larrañeta, ambas del mismo dueño (Enrique Otaduy Blanco) y que comparten domicilio social, teléfono y fax, según consta en las diligencias. La elevada participación de ambas en las obras del nuevo edificio terminal del aeropuerto, concluido en septiembre de 2000, figura en la auditoría interna elaborada por AENA (el ente estatal que gestiona los aeropuertos). Este informe destaca que ambas recibieron el 98% de las adjudicaciones directas en esas obras, por un valor de 5,48 millones de euros sobre un total de 5,58 millones.

La Fiscalía del País Vasco, en su escrito de acusación contra el ex director, sostiene que López-Santacruz 'benefició fundamentalmente' a las dos constructoras citadas al adjudicarles entre 1998 y 2000 un total de '31 obras por importe de 1.400 millones de pesetas', más de 8,4 millones de euros.

Demetrio Morán, director técnico de la empresa Enrique Otaduy, afirmó en su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao el pasado 18 de junio, que 'es cierto que Otaduy y Larrañeta fueron invitadas a realizar las mismas obras en el aeropuerto'. Los concursos por invitación suelen limitarse a tres empresas, por lo que la participación en las mismas de dos de un mismo dueño es inhabitual y reduce la competencia. El directivo técnico negó al juez que ambas constructoras 'intercambiaran estudios o información al respecto'.

Sobreprecios

Morán rechazó la existencia de sobreprecios en las obras, otra de las irregularidades destacadas en la auditoría interna, que reveló la existencia de adjudicaciones de cuatro expedientes a Construcciones Larrañeta sin proyecto de obra ni presupuestos. Un informe pericial ha constatado que sólo se ha podido verificar el 66% de los trabajos realizados en siete expedientes de obras. 'Los precios a que se contrataron las obras', señaló el director técnico de Otaduy, 'eran los usuales en el mercado atendiendo a la necesidad de trabajar a horas intempestivas y con bastante premura'.

Este testigo añadió que las certificaciones de los trabajos eran 'llevadas a cabo por los jefes de obras' y en el caso de las realizadas por Larrañeta 'eran expedidas por personal' de la misma. Sobre un expediente que certifica una obra como realizada sin haberse ejecutado, respondió que desconocía el hecho y que él no supervisó dicho expediente.

Otro hecho irregular constatado por la Fiscalía es la adjudicación de tres tiendas de la nueva terminal (una librería, una parafarmacia y un local de deportes) a una empresa 'del mismo grupo Otaduy, denominada Aeropress, creada expresamente para ello basándose en informes técnicos cuestionables'.

El juez llamó a declarar a la única trabajadora de Aeropress, Amaya Lozano, quien admitió en su comparecencia el 18 de junio 'que anteriormente ninguno de los empresarios o trabajadores de la empresa Otaduy tenía experiencia en relación de temas de explotación de librerías o parafarmacia, aunque sí habían tenido una tienda de deportes en Trapaga'.

La declarante, empleada de Enrique Otaduy desde 1993, negó que existiese 'una connivencia previa' entre sus jefes y el director del aeropuerto.

Sobre el hecho de que Aeropress fuese puntuada con un 6 sobre 10 en el apartado de solvencia técnica, pese a la falta de experiencia en estos negocios, esta testigo aseguró que le fueron 'requeridos documentos previamente y que la empresa incidió sobre todo en la solvencia económica de la misma, más que sobre su capacidad técnica y su experiencia previa'.

Con estos dos testimonios, el juez encargado el caso ha finalizado la toma de declaración de la primera lista de testigos, aunque no es descartable que se pidan nuevas comparecencias tras el verano.