Chamizo calcula que un centenar de inmigrantes de los encerrados en la UPO podrá regularizarse

Alrededor de un centenar de inmigrantes de los más de 400 que se encerraron el pasado 10 de junio en el campus de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, tienen serias posibilidades de ser regularizados, según el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo. De los 200 expedientes que recibió su institución, sólo 70 corresponden a inmigrantes afincados en Andalucía, entre los que figuran una treintena de argelinos que ayer seguían en el campus. Chamizo pronosticó un 'mal final' para el encierro y atacó a los promotores de la protesta por su 'manipulación'.

El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, entregó ayer al decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, 131 expedientes de inmigrantes que participaron en el encierro de la UPO a pesar de que su provincia de residencia habitual está fuera de Andalucía. De este grupo, Chamizo señaló que 38 casos tienen 'posibilidades grandes' de obtener papeles a la vista de su situación administrativa. La mayoría residen en Zaragoza, Barcelona, Lleida y, en menor medida, en Alicante, Albacete, Madrid y Navarra.

Estos 131 expedientes serán enviados a la subcomisión de extranjería del Consejo General de la Abogacía, que se encargará de distribuirlos a las provincias correspondientes. Letrados de esas provincias se encargarán también de realizar un seguimiento a cada caso para recurrir aquellas resoluciones del Gobierno que denieguen la regularización de alguno de estos extranjeros.

Chamizo explicó que será su Oficina la encargada de seguir los expedientes que se tramiten en Andalucía, que corresponden a 70 inmigrantes establecidos en Huelva y Almería. Entre el 90% y el 95% tienen también posibilidades claras de regularizarse, aunque el Defensor advirtió de que no prosperarán los casos de aquellos inmigrantes que siguen en el campus. En esta situación se encuentran una treintena de argelinos, que presentaron documentos a la comisión jurídica pero que se negaron a abandonar el campus. 'No digo esto para que dejen o no el encierro, son ellos los que deben decidir, pero ya saben que mientras permanezcan en la UPO es imposible que tramite la documentación a la Delegación del Gobierno', recalcó.

Los criterios administrativos defendidos para reclamar los permisos de residencia han sido varios, entre ellos la petición de exención de visado para una veintena de inmigrantes de Mali, que está considerado como el país más pobre del mundo, o los oriundos de Costa Marfil, afectados por un conflicto bélico.

Chamizo reiteró ayer las críticas de su Oficina hacia el papel de algunos integrantes de la red de apoyo, a quienes acusó de utilizar a los inmigrantes 'como medio de confrontación política'. Después de aclarar que algunas personas de la red han prestado su apoyo por razones de solidaridad, arremetió contra 'otros muchos que se han empeñado en hacer una manipulación descarada y abierta'.

'Jugar a la revolución'

Además de tildar el encierro como 'un fracaso', el Defensor pronosticó 'un mal final' para aquellos inmigrantes que sigan encerrados en el campus. De hecho, recordó la situación grave en la que se encuentran algunos argelinos y que, pese a ello, siguen rechazando el traslado a un hospital. 'Hay un grupo que se niega a abandonar, prefieren morir que marcharse', indicó. También el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, incidió ayer de nuevo en sus críticas a la red de apoyo por organizar 'una encerrona' con los inmigrantes, informa Europa Press. 'Jugar a la revolución con esos grupos de inmigrantes es una indignidad', agregó.

Por su parte, los responsables de la UPO pidieron ayer a los inmigrantes que abandonen el campus, al considerar que su presencia 'obedece a una manipulación externa de aquellos que los trajeron y los siguen alentando'.