Un juez acusa a fiscales de Cádiz de entorpecer una investigación

El titular del Juzgado número 3 de El Puerto de Santa María (Cádiz), Miguel Ángel López Marchena, que instruye las diligencias por el llamado caso Manzanilla, en el que hay 140 imputados por supuestos delitos de narcotráfico en la costa de Cádiz, ha emitido un auto en el que acusa a los fiscales encargados de la causa de entorpecer la investigación. López Marchena, en su escrito, concluye que los fiscales dificultan su labor al 'introducir cuestiones procesales inexistentes que, en condiciones de normalidad, sólo plantean las defensas'.

El auto del juez, del 18 de julio, responde a un escrito presentado siete días antes por una decena de fiscales que pidieron que la causa fuera repartida entre varios juzgados para que no fuese un solo juez el 'encargado de soportar la instrucción de una causa cuya viabilidad, desde el punto de vista procesal, es difícil de conseguir por un órgano como el Juzgado de Instrucción número 3 de El Puerto, con una carga de trabajo ya de por sí considerable y falta de medios materiales y humanos, lo que conlleva que no sea posible tramitar las actuaciones con la celeridad que requiere una causa con presos como la que nos ocupa'.

Por el contrario, el auto del juez, avanzado ayer por el Diario de Cádiz, defiende la unidad de las actuaciones porque sostiene que todos los imputados pertenecían a una organización definida, con ramificaciones en Sanlúcar de Barrameda, San Fernando y Jerez, pero sometida a una distribución jerárquica de poder.

Los fiscales tampoco comparten esta opinión. 'Es prácticamente imposible que unas 200 personas, que son las actualmente imputadas en estas [diligencias] previas, puedan ponerse de acuerdo para, con una estructura jerarquizada, dedicarse organizadamente al tráfico de drogas'. De ser una misma organización, añaden los fiscales, la competencia correspondería a la Audiencia Nacional por tratarse de actuaciones que competen a distintas audiencias provinciales.

Los fiscales han solicitado a la Audiencia de Cádiz que se pronuncie sobre el conflicto. Es en la respuesta a esta petición en la que el juez de El Puerto arremete contra la Fiscalía y le acusa de 'introducir cuestiones infundadas y que las defensas no han planteado'.

El juez argumenta que la Fiscalía empezó a colaborar con la instrucción, pero que posteriormente se produjo un 'cambio de criterio injustificado, abrupto, ilógico, que lesiona el derecho a la tutela efectiva. Es decir, el de seguridad jurídica, que el fiscal ignora sistemáticamente'. En el auto de López Marchena, de 27 páginas, el juez censura incluso el tono de los escritos de la Fiscalía, que califica de 'inapropiado'.

En la operación Manzanilla fueron detenidas 140 personas, entre ellos altos cargos policiales de la comisaría de Sanlúcar de Barrameda. Como resultado de la operación fueron intervenidos bienes por un valor superior a los 10 millones de euros.

No es la primera vez que jueces y fiscales muestran sus diferencias sobre las actuaciones en Cádiz. El pasado mes de abril, una juez de Barbate emitió un auto de libertad para un presunto narcotraficante que fue detenido por la Guardia Civil cuando llevaba en su coche 450 kilos de hachís. A pesar de que el fiscal jefe de Cádiz, Isidoro Hidalgo, justificó la decisión en supuestos defectos en la tramitación del expediente, otras fuentes del juzgado de Barbate aseguraron que la incomparecencia del fiscal de guardia, ocupado en otro caso en Cádiz, obligó a la juez a dictar la libertad del detenido.